De la redacción
El Buen Tono
Córdoba.- El Tribunal Electoral de Veracruz determinó que tanto el ayuntamiento de Córdoba como el Congreso local incurrieron en graves omisiones al bloquear ilegalmente la toma de protesta de Rodrigo Javier Flores Morales, regidor noveno suplente, tras la detención del titular.
Fue el secretario del ayuntamiento, Carlos Alberto Hernández Dorantes, y la síndica única Vania López González quienes orquestaron una estrategia para impedir su incorporación al cabildo, obedeciendo intereses de grupo y dejando vacante una posición clave para mantener el dominio político al interior del gobierno municipal.
A través del juicio TEV-JDC-188/2025, el Tribunal ventiló las negligencias deliberadas y la intención de manipular la composición del órgano edilicio. Pese a que la legislación establece que, ante la ausencia del propietario, debe convocarse al suplente, ambos funcionarios maniobraron para bloquear su entrada y así evitar cualquier equilibrio de fuerzas.
Desde el momento en que el edil titular fue separado del cargo, la administración local —bajo el control de la apoderada legal y del secretario— dejó sin representación una voz dentro del cuerpo edilicio, lo que les permitió seguir aprobando decisiones sin oposición interna.
Además, se documentó que no se notificó formalmente al Congreso del Estado sobre la situación legal del regidor original, ni se realizaron las gestiones necesarias para convocar al suplente, lo que demuestra una actuación dolosa para mantener el control total del cuerpo edilicio.
La sentencia del TEV obliga a restituir los derechos políticos de Flores Morales, y con ello desenmascara el uso faccioso de las estructuras municipales. Carlos Hernández Dorantes, lejos de actuar con imparcialidad, ha operado como brazo político de un grupo encabezado por Vania López González, cuya intención ha sido capturar las decisiones del ayuntamiento a espaldas de la legalidad y de la ciudadanía.
Este revés jurídico no sólo restablece la representación del regidor suplente, sino que también confirma el secuestro institucional ejercido desde la Secretaría del Ayuntamiento y la Sindicatura, en detrimento de la democracia, la transparencia y el estado de derecho en Córdoba.
