CD. DE MÉXICO.- A dos años de los hechos ocurridos en Iguala, alrededor de 60 de los involucrados como el expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca; su esposa, María de Los Ángeles Pineda; Sidronio Casarrubias Salgado, líder de Guerreros Unidos; Patricio Reyes Landa El Pato; Jonathan Osorio Gómez El Jona, y Agustín García Reyes El Chereje —identificados como autores materiales de la desaparición— buscan otra vía para abandonar la prisión, alegando tortura o detenciones arbitrarias.
Al hacer un balance, Mario Patrón, director del Centro Prodh, consideró que sería lamentable que por malas prácticas puedan obtener su libertad, lo que pondría en riesgo el acceso a la justicia para las víctimas.
“El GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes), documentó 17 casos de tortura; la Procuraduría General de la República tiene abiertas 32 investigaciones por el mismo delito; la CNDH, más de 60 casos de quejas. Sería preocupante que algún detenido saliera por tortura y eso sería una responsabilidad de la PGR”, advirtió.
El representante de los familiares de los normalistas señaló que el balance, a dos años de la desaparición de los normalistas, es preocupante, porque de acuerdo con los informes del GIEI se pudo documentar una serie de irregularidades en el caso. Entre ellas, escenas del crimen que no fueron certificadas, levantadas y procesadas; detenciones arbitrarias de personas y traslados irregulares de equipos de PGR a zonas presumiblemente vinculadas que generaron manipulaciones de evidencias.
Enfatizó, que si bien “se tiene un cúmulo grande de personas detenidas, no se ha dilucidado la verdad y, sobre todo, no se sabe el paradero de los estudiantes”. Acusó que la Procuraduría General de la República intentó construir una teoría oficial basada en declaraciones y no en pruebas científicas.
Después de dos años, Mario Patrón dijo que existen los elementos científicos que dan cuenta que no pudo haber existido un incendio de la magnitud, para incinerar 43 cuerpos humanos al grado de la carbonización.
Destacó que la indagación presenta un rezago importante en investigación de la macro criminalidad, en la que se tendrían que determinar actos de acción u omisión de las distintas corporaciones que pudieran estar vinculadas con los hechos.
