Adriana Estrada
El Buen Tono
Atzacan.- La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP), se niega a cumplir las órdenes judiciales que ordenan el arresto inmediato del alcalde, Mario Alberto Vargas Amador; la síndica única, Carmen Alducín Hernández; y la regidora, Erika Marcelino Hernández.
Un grupo de extrabajadores del ayuntamiento denunciaron lo anterior, e hicieron un llamado a la gobernadora Rocío Nahle García, para que intervenga ante el reiterado incumplimiento de los policías estatales.
Explicaron que fueron víctimas de despidos injustificados desde 2014, por lo que tuvieron que recurrir a un juicio; sin embargo, la SSP pasó por alto varias órdenes emitidas por el Poder Judicial de Veracruz.
Refirieron que la última fue del 18 de junio, que ordenaba el arresto inmediato de los funcionarios referidos.
El motivo se debe a un desacato judicial confirmado por el Juzgado Décimo de Distrito en el estado, relacionado con el expediente laboral 392/2014-IV, cuyo plazo de cumplimiento venció el 23 de junio, sin que la SSP ejecutara nuevamente la orden.
La raíz del conflicto fue en 2014, cuando 10 trabajadores sindicalizados fueron despedidos ilegalmente por el ayuntamiento, y tras una década de litigio, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje ordenó su reinstalación, pero el cabildo ignoró.
En agosto de 2024, el Poder Judicial multó a cada integrante del cabildo con 10 mil 857 pesos por desacato, luego de que la SSP incumpliera dos órdenes de arresto previas, y para diciembre 2023, ya se había emitido una orden de arresto contra los tres ediles, la cual también fue ignorada bajo el argumento de “no localizar” a funcionarios públicos en activo,
De acuerdo al último plazo que corresponde al oficio número 4538, recibido por la SSP el 18 de junio de 2025, fijó un plazo de tres días hábiles para ejecutar los arrestos, aunque una vez la dependencia hizo caso omiso, lo que también es corrupción, alegó “no poder localizar” a los ediles, pese a su presencia pública en funciones .
“Incumplieron con la presentación en dos horas y la de 36 establecidas. Es un desacato más en una lista interminable. ¿Acaso los funcionarios son intocables?”, denunció uno de los trabajadores afectados.
