AgENCIA
Ciudad de México.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) presentó un balance de la política laboral del Gobierno federal durante el segundo año de administración, en el que destacó el crecimiento de la población ocupada, la recuperación del salario mínimo, la reducción gradual de la jornada laboral y la incorporación de trabajadores de plataformas digitales a la seguridad social.
Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum con motivo del Segundo Informe de Gobierno, el secretario del Trabajo, Marath Bolaños, informó que en agosto de 2026 la población económicamente activa alcanzó 62.6 millones de personas, mientras que la población ocupada llegó a 60.7 millones, la cifra más alta para un mes de agosto y la cuarta más elevada de la serie.
Según los datos presentados, la población ocupada aumentó en 1.3 millones de personas respecto a agosto de 2025.
Uno de los principales cambios anunciados corresponde a la reducción de la jornada laboral, con una ruta para pasar gradualmente de 48 a 40 horas semanales hacia 2030. La primera disminución está prevista para 2027, con dos horas menos de trabajo por semana.
La STPS señaló que la transición se realizará sin reducción de salarios ni prestaciones y que beneficiará directamente a más de 13 millones de trabajadores.
El funcionario también destacó que el porcentaje de personas que laboran más de 48 horas semanales disminuyó de 27.1 por ciento en 2020 a 22.2 por ciento en 2025, de acuerdo con datos de la Encuesta Intercensal del INEGI.
En materia salarial, Bolaños informó que desde 2018 el salario mínimo registra una recuperación real de 154 por ciento. El ingreso pasó de 88 pesos diarios en 2018 a 315 pesos en 2026, equivalente a aproximadamente 9 mil 584 pesos mensuales.
De acuerdo con la referencia utilizada por la dependencia, el salario mínimo pasó de permitir la adquisición de 0.8 canastas básicas en 2018 a 1.9 actualmente.
Otro de los avances reportados corresponde a los trabajadores de plataformas digitales. Al cierre de agosto, 199 mil 454 personas habían superado el umbral de ingresos establecido y contaban con acceso completo a la seguridad social.
Además, la reforma contempla protección contra riesgos de trabajo para quienes realizan actividades mediante plataformas, incluso con una participación limitada. La STPS estimó que 1 millón 772 mil 292 personas pueden acceder a esta protección.
En el sector agropecuario, el Gobierno federal puso en marcha el Certificado Laboral para la Agroexportación, con el objetivo de acreditar el cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social en las cadenas productivas destinadas al mercado internacional.
El programa piloto comenzó el 17 de septiembre con empresas exportadoras de aguacate y, a partir del 1 de octubre, el certificado será requisito para exportar este producto. La STPS estima que la medida podría beneficiar a unos 200 mil trabajadores del campo.
Respecto a Jóvenes Construyendo el Futuro, Bolaños informó que el programa acumula más de 3.6 millones de beneficiarios desde su creación, con una inversión superior a 177 mil millones de pesos. Durante el segundo año de la actual administración atendió a 619 mil jóvenes, con recursos por 44 mil millones.
Finalmente, la STPS destacó un aumento en la participación económica de las mujeres, que llegó a 41 por ciento, 2.2 puntos porcentuales más, según los datos de la Encuesta Intercensal 2025 citados durante la conferencia.
El balance presentado por la dependencia concentra sus principales acciones en empleo, recuperación del poder adquisitivo, reducción de la jornada laboral, ampliación de la seguridad social, protección de trabajadores agrícolas y capacitación de jóvenes.
La jornada laboral de 40 horas puede representar un cambio importante para los trabajadores, pero el verdadero reto estará en su aplicación. Muchas empresas, especialmente las pequeñas, podrían intentar compensar el aumento de los costos laborales con recortes de personal, reducción de turnos o incluso despidos. El beneficio en el papel no necesariamente será el mismo para quienes terminen perdiendo su empleo.
Reducir la jornada sin bajar salarios suena atractivo, pero falta ver cómo responderá el sector empresarial. Si algunas compañías no tienen capacidad para absorber el costo adicional, podrían reducir sus plantillas, limitar contrataciones, modificar horarios o buscar esquemas para evitar la aplicación completa de la medida. El riesgo es que una reforma pensada para mejorar las condiciones laborales termine generando presión sobre el empleo formal si no existe una estrategia clara de implementación.
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