AGENCIA
Ciudad Juárez, Chihuahua.– La Fiscalía General del Estado de Chihuahua confirmó que la cifra de cuerpos encontrados en el crematorio clandestino “Plenitud” de Ciudad Juárez ascendió a 386 cadáveres, mientras aumenta la indignación y el dolor de familiares que buscan respuestas sobre el paradero de sus seres queridos.
Entre los afectados se encuentra Olga Sáenz, viuda del ciudadano peruano Arturo Morales Galindo, quien falleció en 2022 y fue entregado para cremación a dicha funeraria. Sáenz relató que, desde el hallazgo, vive una “pesadilla” por el temor de que los restos de su esposo estén entre los cuerpos apilados sin identificar.
“Esto para mí es una pesadilla y nadie me despierta”, expresó Sáenz, quien además denunció ante la Fiscalía irregularidades en el proceso de entrega de cenizas:
“Cuando abrimos la urna, lo que parecían cenizas era más bien como mortero, como material de construcción”, aseguró.
Las autoridades estatales han confirmado que al menos seis funerarias más estarían vinculadas en el cobro por servicios de cremación que nunca se realizaron, dejando en incertidumbre a cientos de familias que ahora dudan de la autenticidad de las cenizas que recibieron.
La Iglesia Católica de Ciudad Juárez también expresó su condena por los hechos. El vocero diocesano, Juan Carlos López, calificó el hallazgo como una tragedia “inhumana e indignante”, señalando que “nadie merece ser tratado así, ni sus restos mortales”.
Hasta el momento, la Fiscalía de Chihuahua mantiene asegurado el inmueble y continúa con las diligencias correspondientes. Se reporta la detención de Luis Arturo Arellano Cuarón, presunto responsable, mientras las investigaciones siguen en curso para determinar el total de involucrados.
Los familiares han solicitado la intervención directa de autoridades federales para agilizar los procesos de identificación. Sáenz pidió públicamente a la presidenta Claudia Sheinbaum que se acerque a la Fiscalía de Chihuahua para apoyar en las gestiones.
Este caso ha conmocionado no solo a Ciudad Juárez, sino a todo el país, exponiendo una crisis en el control y supervisión de servicios funerarios, así como un profundo daño moral y emocional a cientos de familias.
