AGENCIA
Suiza.- El gobierno de Suiza ordenó este lunes el bloqueo inmediato de los posibles activos en su territorio del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, con el objetivo de impedir cualquier fuga de capitales en el contexto de la crisis política y judicial que enfrenta el exmandatario.
La medida también se extiende a otras personas vinculadas a Maduro, entre ellas su esposa Cilia Flores, familiares y exministros, de acuerdo con un comunicado oficial. Las autoridades suizas precisaron que ningún integrante del actual gobierno venezolano en funciones está incluido en este bloqueo.
El Ejecutivo suizo señaló que, en caso de que procedimientos judiciales posteriores determinen que los fondos tienen un origen ilícito, el país garantizará que estos recursos sean restituidos en beneficio de la población venezolana. La orden entra en vigor con efecto inmediato y tendrá una vigencia inicial de cuatro años, hasta nuevo aviso.
Con esta decisión, Suiza busca asegurarse de que posibles valores patrimoniales adquiridos de manera ilegal no puedan salir del país en la coyuntura actual. El bloqueo complementa las sanciones vigentes contra Venezuela desde 2018, las cuales ya contemplan medidas similares sobre activos financieros.
El gobierno suizo subrayó que los nuevos bloqueos están dirigidos a personas que no habían sido sancionadas previamente en el país, ampliando así el alcance de las medidas restrictivas.
La decisión se produce después de que Estados Unidos exfiltrara el sábado a Nicolás Maduro, de 63 años, y a su esposa Cilia Flores, de 69, tras una serie de operaciones contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico. Ambos enfrentan acusaciones por narcoterrorismo en Nueva York, en una intervención que Washington ha presentado como una operación policial, aunque su legalidad ha sido cuestionada por diversos países.
De acuerdo con la legislación suiza, el país puede adoptar medidas para impedir la retirada de activos de origen ilícito depositados en su sistema financiero. Con el bloqueo, se abre la posibilidad de que las autoridades judiciales de los Estados afectados soliciten asistencia judicial para avanzar en investigaciones penales.
No obstante, las autoridades suizas aclararon que corresponde a los sistemas judiciales de los países involucrados iniciar los procedimientos legales necesarios y demostrar el origen ilícito de los fondos para que estos puedan ser definitivamente confiscados o restituidos.
