Agencias
Ciudad de México.— La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) adjudicó de manera directa la compra de nueve camionetas blindadas Jeep Grand Cherokee por un monto total de 25 millones 650 mil pesos a una empresa que ha sido proveedora recurrente de gobiernos federales y estatales, sin realizar un proceso de licitación pública.
De acuerdo con documentos oficiales, la autorización para la adquisición se otorgó el pasado 5 de diciembre y estuvo a cargo del Comité de Adquisiciones, Servicios, Obras y Desincorporaciones, a solicitud de la Dirección General de Seguridad del máximo tribunal. La compra se realizó mediante una “adjudicación directa especial” a la empresa Total Parts and Components, S.A. de C.V., filial de Grupo Andrade, uno de los consorcios que ha recibido contratos millonarios para la provisión de flotas vehiculares durante los sexenios de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.
El acta de la sesión señala que el Comité aprobó de manera unánime la adquisición de los nueve vehículos “con cualidades especiales de seguridad”, con un plazo máximo de entrega al 31 de diciembre de 2025 y un monto de 22 millones 112 mil 73 pesos, cifra que, al incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), elevó el gasto total a 25 millones 650 mil pesos. Esto representa un costo aproximado de 2 millones 850 mil pesos por unidad.
La revelación de esta compra generó polémica al contrastar con el discurso de austeridad promovido por integrantes del Poder Judicial, incluidos los llamados “ministros del pueblo”. Ante la crítica pública, el presidente de la Corte, Hugo Aguilar, anunció que se daría marcha atrás al uso de los vehículos; sin embargo, la adquisición no fue cancelada y el gasto se mantuvo.
Grupo Andrade ha sido uno de los principales beneficiarios de contratos para la venta de vehículos a dependencias federales, estatales y organismos autónomos, entre ellos la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y el Instituto Nacional Electoral, este último durante la presidencia de Guadalupe Taddei.
Hasta el momento, la Suprema Corte no ha emitido un posicionamiento adicional sobre los criterios que justificaron la adjudicación directa ni sobre las razones para no optar por un proceso de licitación abierta, pese al alto monto de la operación y al contexto de austeridad presupuestal que el propio Poder Judicial ha sostenido públicamente.
