Agencias
México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció el arrendamiento de 91 vehículos para uso institucional; sin embargo, mantiene en reserva el costo total de estos contratos, pese a un exhorto público de la presidenta Claudia Sheinbaum para transparentar el gasto en el Poder Judicial.
Aunque el Máximo Tribunal dio a conocer parcialmente la información sobre su parque vehicular, omitió revelar los montos destinados al arrendamiento, argumentando razones de seguridad. De acuerdo con la institución, difundir detalles completos podría poner en riesgo la vida, integridad o salud de los ministros.
La decisión de clasificar estos datos por un periodo de cinco años ha generado cuestionamientos sobre la transparencia en el uso de recursos públicos dentro del Poder Judicial, especialmente en un contexto donde se ha intensificado el llamado a la rendición de cuentas por parte del gobierno federal.
Especialistas señalan que, si bien la seguridad de los funcionarios es un aspecto relevante, la reserva de información financiera limita la supervisión ciudadana y abre el debate sobre los criterios utilizados para justificar la opacidad en el manejo del gasto público.
El caso se suma a la creciente tensión entre el Poder Ejecutivo y el Judicial en torno a temas de transparencia, presupuesto y rendición de cuentas, en un momento clave para la discusión sobre reformas en el sistema de justicia en México.
