Agencias
Xalapa, Ver.– El Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de Veracruz suspendió este viernes 20 de febrero de 2026 al magistrado Jonathan Cortés Vargas, integrante de la Tercera Sala en Materia Penal, tras ser señalado por revocar una sentencia condenatoria de 80 años de prisión en un caso de secuestro.
De acuerdo con fuentes judiciales, el magistrado dejó sin efecto la condena dictada el 4 de septiembre de 2025 contra Marlene Esmeralda “N”, empresaria originaria de la Ciudad de México, acusada de participar en el secuestro de un joven ocurrido el 3 de junio de 2021 en la localidad de Carrizal, municipio de Emiliano Zapata. Cinco días después, la víctima fue localizada sin vida en la localidad Casa Blanca, municipio de Puente Nacional, a unos 55 kilómetros de Xalapa.
El caso fue investigado por la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS), que acreditó la responsabilidad de la acusada, quien presuntamente habría ordenado el plagio tras señalar a la víctima de haberle robado un tráiler. La sentencia condenatoria fue revocada por el magistrado Cortés Vargas, decisión que ahora es objeto de revisión por presuntos actos de corrupción.
El Tribunal de Disciplina Judicial será el encargado de determinar la situación jurídica y administrativa del magistrado, quien llegó al cargo tras resultar electo en el proceso judicial del 1 de junio de 2025, junto con otros 14 integrantes del Poder Judicial del estado.
Trayectoria y antecedentes
Jonathan Cortés Vargas es originario de Orizaba y licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana, además de contar con una maestría en Derecho Procesal por la Universidad del Golfo de México. Se desempeñó como oficial secretario en el Juzgado Primero de Primera Instancia en Pacho Viejo, Coatepec, y ocupó diversos cargos en materia laboral, entre ellos presidente de la Junta Especial Número 22 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Xalapa.
Previo a su elección como magistrado, extrabajadores del Ingenio San Nicolás, en el municipio de Cuichapa, realizaron protestas en Xalapa para exigir el pago de un laudo laboral y denunciaron presuntas irregularidades durante su gestión en la Junta Especial.
La suspensión se mantendrá vigente mientras avanzan las investigaciones y se define si existen responsabilidades administrativas o penales en el caso.
