Agencias
Ciudad de México.- El que ha sido considerado el mayor caso de huachicol fiscal en México enfrenta un revés judicial luego de que un tribunal revocara la vinculación a proceso por contrabando de combustible contra Edgar Marín Meza Moreno, empresario señalado como responsable de una importación irregular de diésel en 2019.
La decisión se tomó debido a que la Fiscalía General de la República omitió notificar a la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), una irregularidad procesal que debilitó el caso.
Marín Meza Moreno es propietario de la empresa Impulsora de Productos Sustentables, señalada por las autoridades por haber declarado solo 7.2 millones de litros de diésel de los 28.7 millones que ingresaron al país a bordo del buque Atlantic Bay en octubre de 2019.
De acuerdo con las investigaciones, esta operación habría generado un daño al erario de aproximadamente 173 millones de pesos, debido al pago incompleto de derechos de importación, así como del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y el IVA correspondiente al combustible que posteriormente fue comercializado en el mercado negro.
Origen de la empresa
La empresa Impulsora de Productos Sustentables fue creada en 2013 para aprovechar las oportunidades de la reforma energética impulsada durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.
Con el paso del tiempo, la compañía llegó a convertirse en proveedora de combustible de la aerolínea Interjet; sin embargo, para finales de 2021 ya acumulaba una deuda de mil 191 millones de pesos con Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA).
El combustible importado en el caso investigado fue vendido por Gunvor Group, una multinacional de comercialización de materias primas con sede en Suiza que el año pasado fue bloqueada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Caso en riesgo
La revocación de la vinculación a proceso representa un golpe para las autoridades federales en uno de los expedientes más relevantes relacionados con el contrabando de combustibles o “huachicol fiscal”, un delito que ha provocado pérdidas millonarias al Estado mexicano.
El futuro del proceso dependerá ahora de las acciones legales que emprenda la Fiscalía para subsanar las fallas detectadas en el procedimiento.
