AGENCIA
Bogotá.- Una serie de “explosiones” registradas en laboratorios artesanales de procesamiento de cocaína en zonas rurales del suroccidente de Colombia, cerca de la frontera con Ecuador, ha encendido las alertas entre pobladores y autoridades, ante la sospecha de posibles ataques deliberados con drones de origen extranjero.
Los hechos se han concentrado en áreas rurales del municipio de Tumaco, en el departamento de Nariño, colindante con la provincia ecuatoriana de Esmeraldas. De acuerdo con fuentes del gobierno colombiano consultadas bajo condición de anonimato, peritajes realizados por la Fiscalía General y las Fuerzas Militares han detectado puntos de impacto con características de munición de caída, fragmentos metálicos compatibles con bombas y patrones de daño que descartan explosiones accidentales o enfrentamientos entre grupos criminales.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, declaró tras su reciente reunión con el mandatario estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca que en la frontera con Ecuador hay “decenas de muertos, calcinados”, y exhortó a campesinos cocaleros a sustituir cultivos de hoja de coca ante el riesgo de nuevos ataques. Fuentes oficiales señalan que cuando el presidente se refirió a “decenas”, hablaba de más de 30 cuerpos recuperados por personal del Cuerpo Técnico de Investigación y del Instituto de Medicina Legal en distintos puntos rurales de Tumaco.
Hasta ahora, las autoridades colombianas sólo han reconocido públicamente la destrucción de dos laboratorios de cocaína en Tumaco, ocurridas en “circunstancias extrañas” que son investigadas por la Fiscalía. Sin embargo, funcionarios admiten en privado que se tiene conocimiento de varios ataques adicionales en municipios de Nariño y Putumayo, departamentos fronterizos con Ecuador y entre los de mayor concentración de cultivos ilícitos en el país.
Las explosiones confirmadas por medios ocurrieron la noche del 22 de enero en el corregimiento de Llorente, donde se reportaron 12 personas muertas, y el 24 de enero en la vereda Pital de la Costa, con al menos cinco fallecidos. Ambas localidades pertenecen al municipio de Tumaco. La revista colombiana Raya informó además de una tercera explosión en un caserío cercano al río Rosario, al norte del municipio.
En esa región operan diversos grupos armados, entre ellos la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, los Comandos de la Frontera y el Ejército de Liberación Nacional, organizaciones que Estados Unidos ha catalogado como terroristas.
Diversas fuentes consideran que los ataques podrían estar relacionados con la ofensiva anunciada por el presidente Trump contra organizaciones narcotraficantes en Colombia. Estas sospechas se fortalecieron tras el arribo, el pasado 17 de diciembre, de personal y equipo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos a la base aérea de Manta, en Ecuador, a 330 kilómetros de la frontera colombiana. La Embajada estadounidense señaló que se trataba de una operación temporal para fortalecer capacidades de lucha contra el narcotráfico.
El contexto regional también incluye la decisión del presidente ecuatoriano Daniel Noboa de imponer, el 21 de enero, un arancel del 30 por ciento a productos colombianos por presunta falta de cooperación en seguridad fronteriza. Un día después ocurrió la explosión en Llorente y, dos días más tarde, la de Pital de la Costa. Posteriormente, el subsecretario de Guerra de Estados Unidos, Joseph M. Humire, realizó una visita oficial a Ecuador para coordinar acciones contra el narcotráfico.
El presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Camilo González Posso, afirmó que testimonios directos apuntan a explosiones provocadas por artefactos teledirigidos. Advirtió que, de confirmarse la participación de Estados Unidos o Ecuador, se trataría de una grave violación a la soberanía colombiana y al derecho internacional humanitario, al señalar que las víctimas serían civiles, incluidos campesinos y posibles transeúntes ajenos a las actividades armadas.
Hasta el momento, no existe una confirmación oficial sobre la autoría de los ataques y ninguna nación ha reivindicado las explosiones. Las autoridades colombianas mantienen las investigaciones en curso, mientras crece la preocupación por el impacto humanitario y el posible precedente de una intervención extranjera no reconocida en territorio colombiano.
