Sandra González T.
El Buen Tono
Orizaba.- A pesar de que a partir del primero de septiembre todos los elementos de la reforma del subcontratación son aplicables por lo que a partir de esta fecha el outsourcing será equiparado a delito de defraudación fiscal e incluso se prevén multas de superan los 4 millones de pesos, esto en el estado y en la región de las Altas Montañas está muy lejos de ser una realidad, así lo manifestó el secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), César Silva Reyes.
“El gobierno del estado y el federal están obligados a combatir al subcontratación porque son parte de las normas que se establecieron para la firma del Tratado de Libre Comercio en donde cualquier outsourcing que esté aplicando cualquier empresa o la agencia que contrate al personal está obligada a pagar todas las prestaciones de Ley, yo creo que ahí no va a haber vuelta de hoja”, puntualizó.
“Pretenden recaudar más impuestos, pero ponen en peligro que lleguen inversionistas; si se aplicaran de forma correcta no habría necesidad de evadir las contribuciones”.
