La vida e integridad de cientos de trabajadores de EL BUEN TONO están en riesgo por la necedad o ignorancia, o ambas cosas, del Gobierno del Estado y en particular del secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié.
Para conocimiento del novel funcionario y de nuestros lectores, con su decisión de quitar la patrulla con dos policías que resguardaban las instalaciones del periódico, viola una orden judicial emitida por un Juez de Distrito, quien tramita la causa penal que busca determinar la identidad de los delincuentes que incendiaron nuestro diario.
Como seguramente el funcionario de marras ignora, la madrugada del 6 de noviembre de 2011, 19 delincuentes armados incendiaron nuestras instalaciones.
Como el delito no ha sido resuelto, ni ha sido detenido uno solo de los criminales a pesar de que hemos identificado y señalado contundentemente a algunos de ellos, (gracias a las grabaciones de nuestras cámaras de vigilancia), desde ese año el Juez que lleva el expediente emitió una orden de resguardo para nuestras instalaciones.
Este funcionario, el mismo a quien en su primer mes de “trabajo” le asesinaron a 122 personas y sólo tiene detenido a un responsable, (por cierto, gracias a los vecinos, no a su policía), tomó la decisión fácil, quitar a los policías, en vez de hallar una solución, demostrando poco profesionalismo y sin importarle que violó una orden judicial.
Si Téllez Marié cree que no es necesario seguir resguardando nuestras instalaciones, (que sufrieron un atentado, además de que constantemente son amenazados nuestros repartidores), pues entonces él mismo que ordene el retiro de sus escoltas, porque a diferencia nuestra, él no ha sufrido ningún atentado, como para andar de exhibicionista rodeado de guardaespaldas. ¡Clásico de funcionarios tercermundistas y resentidos sociales!
Esperamos que Jorge Winckler, recién nombrado Fiscal General del Estado, sí resuelva y lleve a la cárcel a los delincuentes que atentaron contra nuestro Diario.
Pero en tanto, esperamos que el Secretario de Seguridad Pública, encargado de resguardar la vida, integridad y bienes de todos los veracruzanos, incluidos nosotros, disponga el resguardo adecuado de nuestras oficinas.
Le recordamos que está para servir, no es Dios, es un servidor público, y está violando una disposición judicial, por lo que lo hacemos responsable de lo que pudiera sucederle a nuestro personal o instalaciones.
