Casi 4 mil millones de pesos de los cordobeses en cuatro años están en la mira de los intereses de la empresa huachicolera que controla Manuel Alonso Cerezo y Luis Abella Alvarado
De la Redacción
El Buen Tono
La designación de Antonia Reyes Olmos como tesorera del Ayuntamiento de Córdoba no es un nombramiento técnico. Es la consolidación de una estrategia del Grupo Trabal para apoderarse del manejo de los recursos públicos. Reyes Olmos fue gerente de Contabilidad en Grupo Trabal, empresa propiedad del alcalde Manuel Alonso Cerezo y su socio Luis Abella Alvarado.
La empresa está señalada por la Secretaría de la Defensa Nacional de comprar hasta 40 mil litros semanales de huachicol a la organización criminal La Barredora. Documentos militares a los que tuvo acceso la prensa confirman la transacción ocurrió cuando Alonso Cerezo era socio mayoritario.
El vínculo se evidencia en una investigación de El Buen Tono. Fuentes internas del grupo empresarial revelan que la llegada de Reyes Olmos a la Tesorería “busca concentrar el manejo de los recursos públicos y asegurar el dominio sobre pagos, contratos y proveedores”, replicando esquemas ya utilizados por ese grupo para administrar y encubrir movimientos financieros dentro del gobierno municipal.
El modus operandi ya está documentado: camiones de basura municipales fueron ingresados al taller de Grupo Trabal para reparaciones pagadas con dinero público, triangulación que constituye un desvío de recursos hacia la propia empresa del alcalde.
Reyes Olmos no solo es pieza clave para controlar las finanzas municipales. También es militante activa del PAN desde 2012 y hermana del contralor de la administración anterior que “no cobró un solo peso de lo robado en el ayuntamiento”. El expediente laboral de la tesorera la muestra como subordinada directa de Luis Abella en Grupo Trabal y de Víctor Serralde, empresario acusado de cobrar a ayuntamientos panistas por servicios no prestados.
La red no admite coincidencias. En sus manos están los casi 4 mil millones de pesos que el Ayuntamiento ejercerá en cuatro años. Ese dinero administrado por los intereses de Trabal: una empresa señalada por compra de combustible robado, por desvío de recursos municipales y por operar como brazo financiero de una estructura que el alcalde y su socio construyeron desde el poder público.
