De la Redacción
El Buen Tono
Córdoba.- Mientras la ciudadanía veracruzana carga con el peso de una burocracia costosa, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis) destina mensualmente millones de pesos en salarios brutos a su personal de confianza, según datos oficiales de enero de 2025.
Este monto contrasta con la inacción histórica del organismo para sancionar a ayuntamientos involucrados en irregularidades, como el caso emblemático de la administración de Leticia López Landero en Córdoba, acusada de desvío de 107 millones de pesos.
En la cúspide de la nómina brilla Delia González Cobos, auditora general, con un sueldo bruto mensual de 150,158.52 pesos, seguida por Miguel Ángel Prieto Sánchez, director de Auditoría Técnica a la Obra Pública, quien percibe 82,352.52 pesos.
En tercer lugar, María Félix Osorio Domínguez, auditora especial, y Cynthia Reyes Díaz Muñoz, secretaria técnica, ambas con 100,194.52 pesos brutos al mes. Estos cargos, aunque técnicamente especializados, no explican por qué el Orfis no ha aplicado sanciones contundentes a municipios señalados por mal uso de recursos.
En 2023, el municipio de Córdoba, bajo el mandato de Leticia López, fue señalado por desvíos de más de 50 mdp en obras fantasma y contratos opacos. A pesar de las auditorías iniciales del Orfis, no hubo procesos legales ni recuperación de fondos.
Mientras tanto, el organismo gasta en salarios como el de Yuriana Ríos Romero, directora de Evaluación Financiera y Programática (68,999.52 pesos brutos), o Daniela Limongi Domínguez, subdirectora de Auditoría Técnica (60,356.52 pesos), sin resultados tangibles.
Mientras los veracruzanos financian una estructura burocrática con sueldos que superan por hasta 15 veces el salario mínimo, el Orfis parece más enfocado en mantener su nómina dorada que en ejercer su mandato constitucional.
