De la Redacción
El Buen Tono
CÓRDOBA.- Mientras el Gobierno federal presume acciones contundentes contra la delincuencia organizada en Veracruz, surge una contradicción alarmante en el municipio de Amatlán. La empresa Trabal, propiedad del alcalde de Córdoba, Manuel Alonso Cerezo, y del primer damo, Luis Abella Alvarado, ha sido señalada nuevamente como presunto refugio de criminales.
A pesar de la gravedad de los señalamientos y la recurrencia de los hechos, no existe una explicación pública ni se han informado consecuencias legales para los propietarios de dicha instalación.
El incidente más reciente ocurrió la mañana de ayer, cuando una balacera frente al taller de la empresa, sobre la carretera estatal Córdoba–Amatlán, desató el pánico. Tras el reporte de detonaciones al número de emergencias 911, se registró la movilización de la Policía Estatal, la Guardia Nacional y el Ejército. Sin embargo, de acuerdo con versiones de testigos y vecinos, los responsables de la agresión lograron evadir a las autoridades al refugiarse dentro de las instalaciones del taller. Esta es la segunda ocasión, en un periodo de apenas dos semanas, en que sujetos armados presuntamente utilizan los inmuebles de Trabal como punto de escape. El antecedente inmediato ocurrió tras el robo de un tráiler en la autopista Córdoba–Veracruz, a la altura de Rancho Trejo; en aquella ocasión, los delincuentes huyeron hacia Amatlán, abandonaron la unidad y se ocultaron en el mismo predio, reforzando las sospechas sobre la operatividad del lugar.
Estos hechos contrastan con el informe presentado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien destacó la ejecución de 13 cateos simultáneos en Veracruz por parte de la Marina, la FGR y la SSPC. Dichos operativos resultaron en la liberación de una persona secuestrada y la detención de 14 individuos, además del aseguramiento de granadas, armas de fuego y más de 500 cartuchos.
García Harfuch subrayó la coordinación con la gobernadora Rocío Nahle, enfatizando una política de “cero tolerancia” y la ausencia de protección para cualquier grupo criminal. No obstante, la situación en los talleres vinculados al alcalde de Córdoba contrasta con ese discurso, pues no se ha informado sobre cateos o investigaciones específicas orientadas a esclarecer lo ocurrido en ese punto señalado por vecinos.
La zona permanece bajo un clima de tensión y temor ante la percepción de impunidad. La reiteración de hechos violentos en un inmueble vinculado directamente al poder municipal agrava la crisis de confianza ciudadana. Mientras la estrategia federal se enfoca en objetivos de alto impacto, en el ámbito local persisten cuestionamientos que, hasta ahora, no han sido respondidos oficialmente.
