Sandra González
El Buen Tono
Orizaba.- El tope “voluntario” al precio del diésel anunciado por el gobierno federal no resolverá el impacto económico que ya enfrenta el sector transporte ni evitará el encarecimiento de productos básicos, advirtió el presidente de la Asociación Nacional Transportista (ANTAC), David Estévez Gamboa, al señalar que los costos reales del combustible siguen muy por encima de lo sostenible.
El dirigente transportista sostuvo que, pese al anuncio de fijar el diésel en 27 pesos por litro a partir de mayo, los transportistas ya se vieron obligados a incrementar entre 25 y 30 % los fletes, lo que inevitablemente se trasladará al consumidor final. Estimó que este ajuste provocará un alza de 6.5 % en productos de la canasta básica en zonas urbanas y de 5.6 % en áreas rurales, encarecimiento que -acusó- se “disfraza” dentro de los índices inflacionarios.
Subrayó que el problema no es nuevo, pues el sector arrastra desde hace meses un precio elevado del diésel, cercano a los 26 pesos, cuando -según análisis internos realizados con economistas- podría ubicarse en 24 pesos por litro si se revisara a fondo el esquema del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
En tono crítico, cuestionó las promesas políticas en torno al costo de los combustibles. “Se habló de que el litro costaría 10 pesos, ¿dónde quedó ese discurso?”, reprochó, al tiempo que denunció la falta de control real en el mercado, donde en algunos estados el diésel alcanza hasta los 31 pesos por litro.
Estévez Gamboa acusó que la regulación es prácticamente inexistente y que las variaciones de precios responden únicamente a la oferta y la demanda. Señaló directamente la debilidad institucional de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), al asegurar que carece de herramientas legales para obligar a los gasolineros a respetar lineamientos oficiales. “Sus normas son débiles, no sirven para imponer orden”, afirmó.
A esta presión económica se suma -dijo- el deterioro de la infraestructura carretera, que incrementa los costos operativos al generar daños mecánicos, mayor consumo de combustible y retrasos en los traslados. Denunció además la obsolescencia en los sistemas de cobro en casetas, donde los transportistas pueden tardar hasta una hora para pagar, afectando la eficiencia logística.
Ante este panorama, hizo un llamado a instancias federales como la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Hacienda y la Guardia Nacional para atender de forma integral la problemática que enfrenta el sector, al considerar que la situación actual ya impacta de manera directa en la economía nacional.
