Adriana Estrada
El Buen Tono
región.- La Asociación Nacional de Transportistas (Antac) convocó a un paro nacional a partir del 6 de abril, ante la falta de avances en los compromisos con el gobierno federal. Su presidente, David Estévez Gamboa, denunció que desde noviembre de 2025 no se han cumplido los acuerdos en materia de seguridad, corrupción y condiciones laborales.
Entre las quejas persisten la inseguridad en carreteras, desapariciones, extorsiones atribuidas a policías, y la falta de insumos en la SICT para trámites como emplacamientos y licencias. También alertó que el alza de combustibles, agravada por el IEPS, podría llevar el litro hasta 50 pesos, afectando a toda la economía.
El dirigente reconoció la disposición de Gobernación para dialogar, pero advirtió que no se ven resultados. El paro se realizará tras Semana Santa para no afectar el turismo, e hizo un llamado a transportistas, campesinos y trabajadores del volante a sumarse al movimiento nacional.
Mas allá del paro de transportistas de carga, el verdadero paro necesario: transporte de pasaje, no de carga.
Mientras el anuncio de un paro de transportistas de carga se atribuye a la inseguridad, el foco del conflicto energético y tarifario revela una crisis aún más profunda y silenciada: la del transporte de pasaje con concesión estatal. A diferencia del sector de carga, donde la tarifa está liberada y permite negociar ajustes ante el alza del diésel —que ya ronda los 30 pesos por litro—, los concesionarios del servicio urbano y estatal tienen las manos atadas.
Una tarifa congelada por una década, sin actualización alguna, los coloca en una situación inviable, donde el costo del insumo principal se ha disparado mientras el ingreso por boleto permanece inmutable. En este contexto, la verdadera medida de presión no debería venir de los transportistas de carga, sino de aquellos que operan bajo la rigidez gubernamental, cuyo servicio es esencial para la ciudadanía.
Ante esta asfixia económica, la solución no pasa únicamente por un aumento autorizado de la tarifa, sino por una intervención estructural inmediata. Un paro estatal de transporte de pasaje sería el mecanismo para exigir al gobierno estatal un subsidio directo que mitigue el desfase, así como la gestión de la gobernadora ante la presidenta del país para eliminar temporalmente el impuesto al diésel, mientras persista el contexto bélico que eleva los precios del petróleo.
Esta medida podría reducir el costo del combustible entre siete y ocho pesos por litro, llevándolo de casi 30 a 21 o 22 pesos, aliviando la presión sin trasladar todo el peso al usuario. La urgencia es tal que no se puede esperar al 6 de diciembre: el incremento imparable del diésel exige una movilización inmediata, porque mantener una tarifa congelada por una década frente a un insumo que no deja de subir no es sólo inviable, es insostenible.
