Tlaxcala, México.– Luego de más de dos décadas evadiendo su responsabilidad como padre, Luis Ángel “N” fue finalmente detenido por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) por el delito de incumplimiento de la obligación alimentaria, tras no haber proporcionado manutención a su hija desde el año 2003.
La detención se llevó a cabo después de que la madre de la víctima formalizara una denuncia, lo que activó un proceso judicial que culminó con la orden de aprehensión. El caso se convierte en un ejemplo contundente sobre las consecuencias legales de abandonar las obligaciones parentales en México.
La manutención va más allá de la comida
Según el Código Civil, la obligación alimentaria no solo contempla el sustento básico, sino también todo lo necesario para el desarrollo integral del menor: vivienda, educación, atención médica, vestido y recreación.
La ley mexicana tipifica este delito en todos los códigos penales del país. Las penas por no cumplir con la manutención pueden incluir hasta cinco años de prisión, multas económicas, pérdida de derechos familiares y la obligación de pagar retroactivamente lo adeudado.
Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias: presión legal y social
Además del castigo penal, desde hace poco México cuenta con el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA), una herramienta que sanciona públicamente a los deudores y les impone restricciones como:
- Negativa para tramitar pasaporte o licencia de conducir.
- Inhabilitación para ser candidato a cargos públicos.
- Prohibición para ejercer empleos en el servicio público.
- Bloqueos ante trámites notariales, como venta de propiedades.
Un llamado a la responsabilidad parental
El caso de Luis Ángel “N” deja claro que el paso del tiempo no borra las obligaciones legales. Las autoridades reafirman que no pagar la pensión alimenticia no es solo una falta moral, sino un delito con consecuencias firmes.
Miles de menores en México viven situaciones similares. Casos como este ponen sobre la mesa la urgencia de visibilizar, sancionar y prevenir el abandono económico a niñas, niños y adolescentes.
