¡Claro que no! Porque en los congresos se necesitan personas con conocimientos en diversas áreas, y la parte jurídica pueden atenderla sus asesores.
AGENCIAS
Puebla.— La polémica protagonizada por las diputadas de Morena, Nay Salvatori y Graciela Palomares, abrió nuevamente el debate sobre la preparación y los requisitos que deben cumplir quienes llegan a ocupar un cargo de elección popular.
Ante este escenario, la asociación civil Poblanos Unidos por la Profesionalización del Servicio Público impulsa una propuesta de reforma constitucional denominada “Ley Salvatori”, con la que busca establecer mayores requisitos académicos para quienes aspiren a una diputación local en Puebla.
La iniciativa, presentada el pasado 23 de junio, plantea modificar el artículo 36 de la Constitución estatal para exigir a los futuros legisladores estudios universitarios, título y cédula profesional en Derecho.
Manuel Carmona Sosa, asesor jurídico de la organización, consideró que los requisitos actuales son insuficientes, pues para ser diputado local únicamente se contempla, entre otras condiciones, tener 18 años, ser vecino del estado y saber leer y escribir.
La propuesta surge después de la controversia generada por Salvatori y Palomares durante un podcast, donde realizaron comentarios considerados ofensivos hacia los adultos mayores. El episodio provocó críticas en redes sociales y posteriormente Morena suspendió los derechos partidistas de ambas legisladoras e inició un procedimiento sancionador.
Carmona sostuvo que la discusión debe ir más allá de un caso particular y centrarse en la profesionalización del Poder Legislativo, al considerar que los diputados enfrentan problemas cada vez más complejos que requieren preparación y conocimientos especializados.
La organización señaló que, pese a que la iniciativa fue presentada hace casi dos meses, hasta ahora no ha recibido una respuesta favorable del Congreso poblano, por lo que llamó a los legisladores a analizarla y determinar si procede su aprobación o rechazo.
La llamada “Ley Salvatori” abre así un debate sobre si los cargos de elección popular deben contar con mayores filtros académicos o si establecerlos podría limitar el derecho de los ciudadanos a ser votados.
