De la redacción
El Buen Tono
Córdoba.- Los cordobeses enfrentan el capricho de un avaro; el diputado Juan Tress Zilli ha decidido que su patrimonio personal necesita un ingreso mayor y lo hace a costa del bolsillo de sus propios electores, con el cinismo descarado de quien cree que la ley es para los demás.
Tress Zilli no es un simple permisionario. Es, al mismo tiempo, diputado local y, para colmo, miembro influyente de la comisión de Transporte Público. Es decir: el que hace las reglas, el que supuestamente vigila su cumplimiento, y el primer infractor que las rompe por puro capricho avaro.
Su ruta, la “8 de Marzo”, fue una de las primeras en aplicar este incremento no autorizado, lo que ya ha generado protestas ciudadanas y operativos infructuosos por parte de las autoridades. No se trata de un error administrativo, sino de una acción premeditada que refleja un sentido de impunidad.
Este caso va más allá de un ajuste tarifario. Ejemplifica cómo se instrumentaliza un cargo público para beneficio privado, sustituyendo el servicio a la ciudadanía por un enriquecimiento personal. La jugada de Tress Zilli es la radiografía de una práctica en la que los límites entre lo público y lo privado se desdibujan.
Él es permisionario, diputado y preside la Comisión de Transporte: una contradicción institucional que hace evidente la necesidad de clarificar y vigilar los conflictos de interés en el servicio público.
