La administración estadounidense controla los ingresos de las ventas petroleras venezolanas, pero legisladores y especialistas denuncian falta de información sobre las cuentas, los contratos, las auditorías y el destino de los recursos. Se estima que las operaciones han generado alrededor de 13 mil millones de dólares.
AGENCIAS
Miami.– El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump enfrenta cuestionamientos por la forma en que administra los ingresos provenientes del petróleo venezolano, luego de que Washington asumiera el control de las exportaciones de crudo tras la captura de Nicolás Maduro, el 3 de enero de 2026.
Aunque la Casa Blanca ha presentado el manejo de estos recursos como una oportunidad económica para Estados Unidos y una vía para apoyar la recuperación de Venezuela, legisladores y especialistas advierten que no existe información pública suficiente para conocer cuánto dinero se ha recaudado, quiénes han recibido los pagos y qué cantidad ha regresado efectivamente al país sudamericano.
De acuerdo con una estimación del diario Financial Times, basada en registros de cargamentos y precios internacionales del petróleo, las ventas venezolanas habrían alcanzado aproximadamente 13 mil millones de dólares al 20 de octubre. Sin embargo, esta cifra representa el valor estimado del crudo comercializado y no un balance del dinero efectivamente cobrado, gastado o transferido.
Trump ha sostenido que los ingresos petroleros incluso podrían superar esa cantidad y que han permitido cubrir varias veces el costo de la intervención militar estadounidense. Al ser cuestionado sobre el destino de los recursos, afirmó que se utilizan para administrar el país, pero no presentó un desglose público de los gastos ni de las transferencias realizadas.
La falta de información ha generado dudas sobre el mecanismo mediante el cual Washington administra los recursos de un país extranjero y sobre los controles establecidos para garantizar que el dinero beneficie a la población venezolana.
EL CONTROL DE LOS INGRESOS PETROLEROS
El esquema de comercialización fue anunciado por el Departamento de Energía de Estados Unidos el 7 de enero. El programa contemplaba inicialmente la venta de entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo venezolano, cuyos ingresos pasarían primero por cuentas controladas por Washington.
El secretario de Energía, Chris Wright, quedó a cargo de ejecutar el mecanismo junto con las autoridades provisionales venezolanas y empresas privadas. El plan también incluía suministrar petróleo ligero para mezclarlo con el crudo pesado de Venezuela, facilitar su transporte y autorizar equipos y servicios para recuperar instalaciones petroleras.
Posteriormente, Trump firmó la orden ejecutiva 14373, mediante la cual estableció que los recursos debían identificarse como propiedad soberana del gobierno venezolano bajo custodia estadounidense, y no como patrimonio de Estados Unidos.
La disposición otorgó al Departamento del Tesoro la responsabilidad de custodiar los fondos y al secretario de Estado la facultad de determinar los desembolsos. También estableció protecciones frente a embargos y reclamaciones privadas.
CUESTIONAN CUENTAS Y AUDITORÍAS
Uno de los primeros movimientos financieros conocidos involucró una cuenta bancaria en Qatar. El secretario de Estado, Marco Rubio, informó que 300 millones de dólares habían pasado por esa cuenta y fueron entregados a Venezuela, mientras otros 200 millones permanecían depositados.
Sin embargo, en febrero, Chris Wright aseguró que los 500 millones de dólares ya habían sido transferidos y que las siguientes operaciones se realizarían mediante cuentas del Tesoro estadounidense.
Las diferencias en las explicaciones oficiales incrementaron las exigencias de transparencia.
En marzo, los representantes demócratas Sean Casten y Joaquín Castro impulsaron una propuesta legislativa para solicitar una auditoría independiente a cargo de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos (GAO).
La iniciativa buscaba revisar las operaciones de las dependencias gubernamentales, los funcionarios y las empresas contratistas involucradas, además de identificar posibles riesgos de fraude, abuso y conflictos de interés.
En abril, un funcionario del Departamento de Estado informó que alrededor de 3 mil millones de dólares habían circulado por cuentas controladas por Washington y anunció que una firma contable realizaría auditorías trimestrales.
No obstante, durante una comparecencia legislativa del 14 de julio, las autoridades hablaron de supervisión de los desembolsos, sin precisar si se había completado una auditoría formal. Rubio había prometido compartir los resultados con el Congreso en junio.
La economista María Díaz, citada en la investigación de El Reportero, explicó que supervisar pagos no equivale a realizar una auditoría integral, pues esta última requiere revisar registros bancarios, contratos, saldos y comprobantes para reconstruir el movimiento de los recursos.
Hasta octubre, la información disponible no permitía conocer de manera completa la distribución del dinero. Esto tampoco demuestra que los fondos hayan sido desviados o desaparecido, pero sí evidencia la falta de documentación pública para verificar su destino.
SENADORES EXIGEN EXPLICACIONES
El 17 de septiembre, los senadores demócratas Ron Wyden, Elizabeth Warren y Sheldon Whitehouse solicitaron explicaciones a los secretarios del Tesoro, Scott Bessent, y de Estado, Marco Rubio.
Los legisladores advirtieron sobre los riesgos de que el gobierno estadounidense utilizara su control sobre los recursos para determinar pagos y compras venezolanas sin la debida autorización del Congreso.
También señalaron posibles riesgos de corrupción y lavado de dinero dentro del sistema financiero venezolano.
Entre los puntos que solicitaron aclarar están los nombres de los beneficiarios, los contratos firmados, los precios pactados y los criterios utilizados para seleccionar a las empresas proveedoras.
La preocupación es que, sin información verificable, no sea posible determinar si los recursos se destinan a necesidades prioritarias de Venezuela o si benefician a determinados intereses empresariales.
ACUERDO PETROLERO POR 100 MIL MILLONES DE DÓLARES
La controversia aumentó el 31 de agosto, cuando la administración Trump anunció un acuerdo con North American Blue Energy Partners, empresa privada que recibió derechos por 100 años sobre 17 yacimientos petroleros venezolanos.
De acuerdo con la información difundida por la Casa Blanca, los campos cuentan con aproximadamente 65 mil millones de barriles de reservas probadas.
El esquema contempla que Estados Unidos obtenga una participación del 35 por ciento en la empresa matriz y el derecho de adquirir, a costo de producción, el 20 por ciento del petróleo extraído, además de derechos preferentes sobre el resto.
El proyecto contempla inversiones de hasta 100 mil millones de dólares y alrededor de 200 mil millones en impuestos y regalías para Venezuela durante los primeros 25 años.
Sin embargo, estas cantidades corresponden a proyecciones de largo plazo y dependen de que los yacimientos alcancen los niveles de producción previstos, se concreten las inversiones y se mantengan las condiciones comerciales.
En septiembre, la Casa Blanca aseguró que había establecido supervisores financieros, auditorías y reglas de administración para garantizar que los ingresos beneficiaran a la población venezolana. También anticipó un incremento en el suministro de petróleo hacia Estados Unidos.
TAMBIÉN HAY CUESTIONAMIENTOS POR EL ORO VENEZOLANO
La administración estadounidense también enfrenta preguntas por las operaciones relacionadas con el oro venezolano.
En marzo, el secretario del Interior, Doug Burgum, anunció la llegada a Estados Unidos de oro venezolano valorado en aproximadamente 100 millones de dólares.
El metal fue adquirido por la comercializadora Trafigura a Minerven, empresa minera estatal venezolana, para su refinación y posterior venta en el mercado estadounidense.
Sin embargo, meses después, Trafigura confirmó al Proyecto de Reportería sobre Crimen Organizado y Corrupción que el oro continuaba almacenado y todavía no había sido revendido.
Una investigación de The New York Times relacionó parte del suministro con actividades de mineros que presuntamente pagaban protección al grupo criminal Tren de Aragua. Trafigura, por su parte, sostuvo que sus revisiones no identificaron extorsión ni participación de actores ilegales en los sitios examinados.
Además, se negociaba trasladar otras 31 toneladas de oro, pertenecientes a las reservas del Banco Central de Venezuela, desde el Banco de Inglaterra, en Londres, hacia Nueva York.
Estas reservas estaban valuadas en aproximadamente 4 mil millones de dólares en septiembre y el proyecto contemplaba utilizarlas como garantía para obtener préstamos bajo supervisión estadounidense.
No obstante, la operación dependía de resolver en tribunales británicos quién tenía autoridad legal sobre esos recursos.
FALTA TRANSPARENCIA SOBRE EL DESTINO DE LOS RECURSOS
El manejo del petróleo y del oro venezolano ha abierto un debate sobre el alcance del control estadounidense, los beneficios económicos para las empresas involucradas y las garantías de que los ingresos realmente regresen a Venezuela.
Aunque Washington sostiene que el mecanismo busca preservar los recursos y contribuir a la estabilidad económica del país sudamericano, legisladores y especialistas insisten en que deben hacerse públicos los contratos, las transferencias, las auditorías y los nombres de los beneficiarios.
La principal interrogante sigue siendo cuánto dinero ha generado realmente la comercialización de los recursos venezolanos, cuánto se ha entregado al país y quién decide cómo se utiliza el resto.
Hasta ahora, la falta de una contabilidad pública integral mantiene bajo cuestionamiento el manejo de una de las mayores riquezas petroleras del mundo.
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