AGENCIA
Internacional.- La insistencia del presidente estadounidense Donald Trump en que Estados Unidos “necesita” Groenlandia vuelve a colocar a Washington en una posición incómoda frente a Europa y revive una retórica que muchos creían superada: la del expansionismo disfrazado de seguridad nacional. Lejos de tratarse de un desliz retórico, las reiteradas declaraciones del mandatario revelan una visión utilitaria del orden internacional, donde la soberanía y el derecho internacional parecen obstáculos negociables.
La reacción europea fue inmediata y contundente. Desde Bruselas, la Comisión Europea dejó claro que la Unión no está dispuesta a tolerar amenazas veladas contra la integridad territorial de uno de sus miembros. El mensaje fue inequívoco: Las fronteras no se mueven por capricho ni por presión militar o geopolítica. A esta postura se sumaron gobiernos clave como el del Reino Unido, Alemania, Francia, Suecia y Noruega, que cerraron filas en defensa de Dinamarca y del estatus de Groenlandia.
Trump, sin embargo, insiste en una narrativa que reduce a Groenlandia a una pieza estratégica en el tablero global, ignorando deliberadamente que se trata de un territorio con población, instituciones propias y un marco jurídico definido. Argumentar que Dinamarca “no es capaz” de garantizar su seguridad no solo es una descalificación a un aliado histórico, sino también una contradicción flagrante dentro de la propia arquitectura de la OTAN, de la cual Dinamarca forma parte.
Más preocupante aún es el tono de inevitabilidad con el que Trump plantea el tema, sugiriendo que la seguridad estadounidense justificaría cualquier “opción” sobre la isla. Este enfoque erosiona los principios que Estados Unidos dice defender y alimenta una percepción de doble rasero: se condenan anexiones y amenazas cuando provienen de adversarios, pero se relativizan cuando encajan en los intereses propios.
Desde Groenlandia, las respuestas han sido claras. Tanto el gobierno autonómico como representantes políticos locales han recordado que su futuro no se decide en Washington ni en discursos grandilocuentes, sino a partir del respeto mutuo y del derecho internacional. Reducir su estatus a un asunto de seguridad ajena es negar su voz y su autodeterminación.
El trasfondo estratégico y económico de Groenlandia explica el interés estadounidense, pero no lo justifica. Recursos naturales, posición geográfica y rutas árticas emergentes no otorgan patente de corso para cuestionar soberanías. La designación de un enviado especial estadounidense para la isla, sin consenso previo, solo profundizó la desconfianza y reforzó la idea de una política exterior más cercana a la presión que a la diplomacia.
En un contexto internacional marcado por conflictos y tensiones, la postura de Trump no solo es imprudente, sino peligrosa. Normalizar la idea de que un país poderoso puede “necesitar” el territorio de otro abre la puerta a un mundo más inestable, donde la ley del más fuerte sustituye a las reglas compartidas. Europa lo entendió así y respondió con firmeza. Falta ver si Washington está dispuesto a escuchar o si, una vez más, optará por tensar la cuerda del orden internacional.
