Los Ángeles, California – La ciudad de Los Ángeles atraviesa uno de sus momentos más tensos en años. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el despliegue de 2.000 soldados de la Guardia Nacional para contener los disturbios derivados de una serie de redadas contra inmigrantes indocumentados realizadas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Los operativos federales, que se intensificaron esta semana en zonas de mayoría latina como el distrito de Paramount, provocaron fuertes enfrentamientos entre residentes y fuerzas del orden. Gases lacrimógenos, granadas aturdidoras y porras fueron utilizados para dispersar a los manifestantes. Según testigos, decenas de inmigrantes permanecieron ocultos en locales comerciales, temerosos de salir.
El gobernador de California, Gavin Newsom, calificó las redadas como “crueles e imprudentes”, acusando a la administración federal de aumentar la violencia en las calles. “El caos de Donald Trump está separando familias y erosionando la confianza en nuestras instituciones”, denunció Newsom, quien también criticó la decisión presidencial de tomar el control de la Guardia Nacional estatal sin coordinación previa.
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, también arremetió contra el ICE, acusándolo de “sembrar el terror” en comunidades de inmigrantes. Sin embargo, estas declaraciones fueron respondidas con dureza desde Washington. La Casa Blanca, en un comunicado, afirmó que las redadas son esenciales para “detener la invasión de delincuentes ilegales” y acusó a los líderes demócratas de “abdicar de su responsabilidad de proteger a los ciudadanos”.
Tom Homan, jefe de la frontera y asesor presidencial, viajó a Los Ángeles para supervisar las operaciones personalmente. En una entrevista con Fox News, declaró: “Estamos haciendo de Los Ángeles un lugar más seguro. Esta noche desplegaremos a la Guardia Nacional. Tolerancia cero con los violentos”.
Desde su red social Truth Social, Trump fue más contundente: “Si Newsom y Bass no pueden hacer su trabajo, el gobierno federal intervendrá y resolverá el problema, DISTURBIOS Y SAQUEOS, ¡como debe resolverse!”
Mientras tanto, organizaciones civiles y defensores de los derechos de los inmigrantes continúan movilizándose. Angélica Salas, líder de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes, expresó: “Nuestra comunidad está siendo atacada y aterrorizada. Son padres, son madres, son trabajadores. Y esto tiene que parar”.
El ambiente en la ciudad sigue siendo tenso. Aunque algunas zonas se han calmado, el despliegue militar y la continuación de las redadas auguran más jornadas de incertidumbre en una ciudad que se encuentra al borde de una crisis social.
