De la redacción
El Buen Tono
Ciudad de México.- La administración del presidente Donald Trump ha revocado las visas de al menos 50 políticos y funcionarios mexicanos, en un movimiento sin precedentes que busca presionar al gobierno mexicano en la lucha contra los cárteles de la droga y sus presuntos aliados políticos, informó Reuters citando a funcionarios mexicanos. Entre los afectados se encuentran integrantes del partido gobernante Morena y decenas de políticos de otros partidos, aunque hasta ahora solo cuatro han confirmado públicamente la pérdida de su visa, incluyendo a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien ha negado cualquier vínculo con el crimen organizado.
Esta acción representa una expansión significativa de la estrategia estadounidense contra el narcotráfico, centrada en políticos en funciones, algo considerado delicado en términos diplomáticos. Expertos señalan que Estados Unidos no está obligado a dar explicaciones sobre estas revocaciones y que el umbral para retirar visas es mucho menor que el de sanciones o procesos judiciales. Las revocaciones se realizan en paralelo a la designación de cárteles como organizaciones terroristas, reflejando la creciente influencia de la inteligencia de la DEA sobre decisiones diplomáticas.
El impacto de estas medidas ha generado preocupación entre la élite política mexicana, que viaja regularmente a Estados Unidos. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum ha mantenido cooperación estrecha con Washington en materia de seguridad y combate al crimen organizado, ha rechazado las insinuaciones de acciones militares unilaterales que vulneren la soberanía de México.
Analistas advierten que esta estrategia podría tensar aún más la relación bilateral, especialmente durante negociaciones comerciales y de seguridad, y que la falta de transparencia sobre quiénes serán los próximos afectados genera incertidumbre y temor entre funcionarios y políticos mexicanos.
En el contexto regional, Trump también ha revocado visas en otros países de América Latina, incluyendo Colombia, Brasil y Costa Rica, afectando a políticos y jueces de alto nivel, lo que evidencia una política más agresiva de control y presión hacia líderes extranjeros percibidos como contrarios a sus intereses.
Agencias
