Un turismólogo al frente de tesorería; lo nombra alcaldesa de Cuitláhuac

Laura A. García 
El Buen Tono 

Cuitláhuac.- A pesar de que la normativa estatal exige que quien se desempeñe como tesorero de un ayuntamiento tenga formación profesional en el área económico-administrativa, la alcaldesa, Angélica Peña Martínez, designó en el cargo a Jesús Chacón Gutiérrez, licenciado en Turismo.
Ciudadanos denunciaron lo anterior y añadieron que el funcionario municipal carece del perfil para el puesto que desempeña desde hace 10 meses, “el 6 de enero del presente año obtuvo su cédula profesional”.
Precisaron que el Decreto 492, que se publicó en la Gaceta Oficial del Estado, reformó el artículo 68 de la Ley Orgánica del Municipio Libre para establecer que los titulares de la Tesorería deben contar con título y cédula profesional “afines a la naturaleza del cargo”.
La reforma, añadieron, respaldada por el Congreso Local, buscó erradicar la designación de perfiles sin la preparación técnica adecuada en áreas estratégicas de las administraciones.
Acusaron que el plazo para que los ediles adecuaran sus nombramientos a tales disposiciones ya transcurrió.
Hicieron notar que los criterios de la Auditoría Superior y las iniciativas que dieron forma a la reforma coinciden en que las disciplinas aceptadas para el cargo de tesorero son Contaduría, Administración, Economía, Finanzas o Derecho.
Explicaron que es así porque el funcionario tiene a su cargo la fiscalización, contabilidad gubernamental, recaudación de impuestos y el manejo de la hacienda pública, actividades que exigen competencias técnicas específicas que una licenciatura en Turismo no proporciona.
La trayectoria académica de Chacón Gutiérrez, aunque acreditó su titulación reciente, es diferente al perfil que exigen.
La obtención de la cédula profesional apenas en enero de 2026 plantea además una interrogante sobre el cumplimiento del requisito de “antigüedad mínima de un año al día de su designación” que establece el artículo 68 reformado, indicaron los inconformes.
La ley exige el documento, pero también que cuente con una vigencia previa que garantice experiencia acreditada para sus funciones administrativas.
La designación de un perfil ajeno a las ciencias económico-administrativas en un área sensible constituye una señal de alerta sobre la prioridad que la administración de Peña Martínez otorga a la profesionalización del servicio público.
Independientemente del cumplimiento formal de la ley, la decisión sugiere una falta de visión sobre la importancia de contar con cuadros técnicos capacitados para administrar los recursos públicos de los habitantes, en un contexto donde la reforma legislativa buscó cerrar el paso a designaciones basadas en criterios políticos o personales antes que en capacidades demostradas.