De la Redacción
El Buen Tono
Región.- El perdón judicial otorgado a Miguel Ángel Yunes Linares y a su hijo el enfermo Miguel Ángel Yunes Márquez, fue completamente ilegal, ya que se trató de un acto político, y lo político no puede estar por encima del Estado de Derecho, por lo que los jueces y magistrados deberían revocarlo y castigar a los Yunes por sus actos delictivos.
Además, todos los integrantes del Poder Judicial que fueron afectados por las acciones de los corruptos Yunes, quienes traicionaron su confianza y truncaron sus carreras judiciales, deberían tomar medidas legales para hacerlos rendir cuentas por su historial delictivo, marcado por el saqueo a la nación.
Por ejemplo, podrían presentar una denuncia por enriquecimiento ilícito, acompañada de la anulación de ese perdón político que, al estar relacionado con hechos delictivos, constituye un perdón ilegal.
Este perdón ilícito refleja un acuerdo político que prioriza intereses partidistas sobre la legalidad, poniendo en entredicho la autonomía del Poder Judicial. Es esencial reabrir las investigaciones cerradas por conveniencia y garantizar que los responsables enfrenten el debido proceso.
Paradójicamente, serán los propios jueces y magistrados, a quienes afectaron con su “voto de traición”, quienes pueden encargarse de revertir la controvertida cancelación de la orden de aprehensión contra el enfermo Yunes .
Y es que los Yunes, con sus historiales plagados de corrupción y traiciones, no merecen más que enfrentar el peso completo de la justicia.
