Sandra González
El Buen Tono
Región.- Los institutos municipales de la mujer en la región de las Altas Montañas operan bajo una lógica de contención y conciliación, que impide el acceso real a la justicia para decenas de víctimas de violencia de género.
De acuerdo con la directora del Colectivo Feminista Cihuatlahtolli, María de la Cruz Jaimes García, en la mayoría de los casos los organismos se quedan sin abrir expedientes ante la Fiscalía y, cuando logran hacerlo, el seguimiento es nulo y sin garantizar el acompañamiento legal.
“De cada 10 casos que atienden, apenas uno llega a convertirse en expediente ante la Fiscalía, y aún falta esclarecer si hay seguimiento o si las víctimas tienen asesoría jurídica”, explicó la activista.
Además, los procesos jurídicos suelen ser lentos y opacos, lo cual representa un obstáculo para ellas, sobre todo las que deben trabajar y cuidar de sus hijos.
Estas condiciones las orillan a abandonar los procesos legales, lo que refuerza la impunidad.
“Las autoridades deben dejar los discursos y las simulaciones. No basta con tener una oficina pintada de morado si no hay justicia para las mujeres”, sentenció Jaimes García.
