De la redacción
El Buen Tono
Orizaba.- El uso de la fuerza pública en un conflicto entre particulares volvió a colocar bajo cuestionamiento la actuación de la Policía Municipal de Orizaba, luego de que una familia denunció que elementos preventivos habrían sido utilizados para intimidarlos durante una disputa por la posesión de un terreno, en un caso que ahora también podría derivar en investigaciones por despojo y abuso de autoridad.
Ángel, uno de los denunciantes, relató que años atrás el terreno se encontraba delimitado con una cerca de madera, de cuya existencia, dijo, cuentan con fotografías y videos tomados antes de que iniciara una construcción en el predio contiguo.
Según su testimonio, personas que aseguraron ser propietarias del lugar contiguo ingresaron acompañadas en fechas anteriores por elementos de la Policía Estatal y en esta ocasión por policías municipales, retirando la cerca e ingresando al terreno mientras exhibieron escrituras cuya autenticidad será impugnada ante la Fiscalía por considerarlas de dudosa procedencia.
Afirmó que su familia posee el inmueble desde hace décadas, e incluso su madre ha convivido con él durante 59 años y su padre mantuvo por más de tres décadas el cuidado del terreno con autorización del entonces propietario, Eduardo López, quien, sostuvo, nunca vendió esa fracción antes de fallecer.
El denunciante señaló que Mariela se presentó este lunes, acompañada por elementos de la Policía Municipal para derribar una barda y retirar láminas que delimitaban el espacio. “Los policías no intervinieron para impedirlo; al contrario, prácticamente les dieron paso. Nosotros sentimos que utilizaron la fuerza pública para intimidarnos”, expresó.
La familia sostiene que los particulares argumentaron contar con una orden de un juez para recuperar el predio; sin embargo, aseguraron que nunca les fue exhibido un mandamiento judicial que autorizara el ingreso o el desalojo.
También denunciaron que los que se quieren apropiar del terreno colocaron una cerca dentro de un espacio que, afirman, no forma parte del terreno adquirido legalmente, con la intención de aparentar posesión y avanzar sobre una superficie ajena.
Los afectados anunciaron que presentarán ante la Fiscalía las pruebas documentales, fotografías, videos y testimonios que, aseguran, acreditan la posesión histórica del inmueble y la actuación irregular de quienes intentaron ingresar.
