De la Redacción
El Buen Tono
Región.- Han pasado tres años desde que se conocieron los casos de daño patrimonial cometidos en Córdoba y Orizaba, y la fiscal general del Estado, Verónica Hernández Giadáns, aún no ha emitido una sola orden de aprehensión contra los responsables.
La administración de Leticia López Landero en Córdoba, con un daño patrimonial de 107 millones de pesos, y la gestión de Igor Rojí en Orizaba, por 17 millones de pesos, ambos en su cuenta pública de 2021, siguen sin enfrentar las consecuencias legales de sus actos.
La complicidad y la impunidad parecen ser la norma cuando las conexiones políticas influyen en las decisiones judiciales.
La administración de Leticia López Landero hasta la fecha ha eludido la justicia, mientras los ciudadanos de Córdoba padecen las consecuencias de su mal manejo de recursos.
Esto a pesar de que todo lo que tenga que ver con su amigo “Bola 8” apesta y es detestado por la actual gobernadora electa, Rocío Nahle.
La corrupción de la Fiscalía no sólo es un desprecio a la justicia, sino también un insulto a la ciudadanía que demanda transparencia y rendición de cuentas.
La justicia no puede seguir siendo un privilegio de unos cuantos; debe ser un derecho para todos los ciudadanos, sin importar sus conexiones políticas.
