De la Redacción
El Buen Tono
New York. — En un acontecimiento que especialistas califican como el mayor desafío a la clase política mexicana en lo que va del siglo, el gobierno de Estados Unidos formalizó una solicitud de detención contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios, bajo el señalamiento directo de mantener vínculos activos con el crimen organizado.
Este acto histórico rompe los protocolos diplomáticos tradicionales y expone una verdad incómoda: parte de la élite política nacional opera en alianza o tolerancia con el narcotráfico.
Fuentes diplomáticas y de inteligencia revelaron que, en cuestión de días, Estados Unidos podría formalizar una solicitud similar contra el exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, y sus hijos Miguel Ángel, Fernando y Omar Yunes Márquez. A todos ellos ya se les habría retirado la visa, misma medida aplicada previamente a Rocha Moya.
El mensaje de Washington es claro: ningún fuero ni filiación partidista será escudo ante posibles vínculos con el crimen organizado.
En un movimiento inédito, la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo la investigación, reconociendo la gravedad de los señalamientos y evitando que queden en manos de fiscalías estatales. Organizaciones anticorrupción celebraron la decisión, aunque con escepticismo.
“Que la FGR atraiga el caso es un paso necesario, pero insuficiente si no hay una real intención de deslindar a los políticos protegidos por el poder”, señaló un analista internacional.
El caso ha sido comparado con la solicitud de detención del presidente venezolano Nicolás Maduro, también acusado por narcotráfico.
La pregunta ahora es: ¿veremos una detención de Rocha Moya similar a la de Maduro? Para muchos, la respuesta depende de si México está dispuesto a romper el pacto de impunidad enquistado en gobiernos estatales.
