Alejandro Aguilar
El Buen Tono
Córdoba, Ver.- La administración de Juan Martínez Flores registra números críticos por la masiva reducción de personal que ha implicado cerca de mil rescisiones laborales, elevados gastos en indemnizaciones y un preocupante acumulado de conflictos legales.
Documentos oficiales obtenidos revelan que, hasta junio de 2025, se registraron 986 terminaciones de contrato durante este gobierno, con un costo mínimo de 3.8 millones de pesos en finiquitos e indemnizaciones, según datos de la Tesorería Municipal.
Según los datos 920 corresponden a trabajadores de confianza (93% del total) y solo 66 a personal sindicalizado, confirmando patrones de inestabilidad laboral en puestos estratégicos.
Las causas oficiales de las bajas destacan por supuestas “renuncias voluntarias”, defunciones y “faltas u omisiones”, contrastan con el contexto de conflictividad laboral que atraviesa el ayuntamiento.
Y es que la Coordinación Jurídica del Ayuntamiento reconoce 48 demandas activas de trabajadores durante esta administración, con reclamos por reinstalaciones, salarios caídos, indemnizaciones constitucionales y pagos de prestaciones omitidas. Estas demandas se concentran en áreas sensibles como Desarrollo Social, Protección Civil, Servicios Municipales e incluso la propia Sindicatura. Además, persisten 66 laudos pendientes de resolverse, cuyos montos estimados la administración se niega a cuantificar, alegando “incertidumbre jurídica”.
El impacto financiero trasciende las indemnizaciones ordinarias. Entre 2022 y mayo de 2025, el municipio ha erogado 9.3 millones de pesos en el pago de laudos laborales, según registros contables públicos. Solo en 2023, este rubro consumió 3.7 millones de pesos, equivalentes al 10% del presupuesto anual de servicios básicos según comparativos con ejercicios anteriores.
