Washington, D.C. – En un movimiento que ha generado fuertes reacciones a nivel nacional e internacional, el Gobierno de Estados Unidos, encabezado por la administración del presidente Donald Trump, lanzó este jueves un nuevo programa dirigido a los migrantes indocumentados: autodeportarse voluntariamente a cambio de un pago de mil dólares y un boleto de avión gratuito.
La medida fue anunciada por Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, quien señaló que la iniciativa forma parte de una campaña para reducir el número de migrantes sin estatus legal en el país y agilizar su salida sin necesidad de procesos judiciales extensos.
“Váyanse ahora”, escribió Noem en sus redes sociales, reiterando que quienes elijan esta vía pueden evitar arrestos y deportaciones forzadas.
📱 El nuevo rol de la app CBP Home
El programa se canaliza a través de la aplicación CBP Home (anteriormente conocida como CBP One), operada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Con esta herramienta, los migrantes con órdenes definitivas de deportación pueden solicitar su salida voluntaria, coordinar los detalles de su viaje y recibir el incentivo económico ofrecido.
Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), esta medida representa un ahorro significativo para el gobierno, ya que una deportación forzada puede costar hasta 17 mil dólares por persona.
“La autodeportación es la forma más rápida, segura y económica de salir de Estados Unidos para evitar ser arrestado”, aseguró Noem.
👮♀️ Enfasis en migrantes con antecedentes penales
Durante una conferencia realizada en el Edificio Federal de Los Ángeles, Noem advirtió que los operativos de arresto se enfocarán inicialmente en personas con antecedentes criminales y acusaciones por violencia.
“Nos aseguraremos de devolver la paz a la ciudad de Los Ángeles”, concluyó la funcionaria.
⚠️ Incertidumbre sobre el futuro migratorio
Aunque el DHS indicó que quienes opten por esta vía “podrán preservar la posibilidad de regresar” en el futuro, no se han detallado mecanismos claros ni programas específicos para garantizar ese retorno legal. La comunidad migrante y diversas organizaciones de derechos humanos han manifestado su preocupación ante la falta de transparencia y el posible impacto humanitario de esta política.
