De la redacción
El Buen Tono
La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el chavismo, aprobó por unanimidad la nueva Ley de Minas, una normativa que abre el sector a la inversión privada y extranjera en medio del interés de Estados Unidos por el oro venezolano.
El proceso legislativo requirió cuatro sesiones para concretarse y dio paso a una ley compuesta por 131 artículos, la cual deroga la legislación vigente desde 1999, impulsada durante el gobierno de Hugo Chávez.
Desde sus primeros doce artículos, la nueva norma permite la participación de capital privado y extranjero, además de contemplar mecanismos de mediación y arbitraje para la resolución de conflictos en el sector minero.
Entre los puntos más relevantes, el artículo 74 establece que ningún funcionario del Estado ni sus familiares podrán obtener títulos mineros ni participar como accionistas en empresas del ramo hasta cinco años después de haber dejado su cargo.
Asimismo, se determina que el Banco Central de Venezuela tendrá el derecho preferente para la compra del oro extraído en el país, mientras que el pago de regalías al Estado podrá alcanzar hasta el 13% del valor comercial del mineral producido.
La ley también otorga al Estado la posibilidad de reservarse la explotación de minerales radioactivos por razones estratégicas, y fija sanciones de entre 10 y 15 años de prisión para quienes desarrollen actividades mineras en zonas bajo protección ambiental.
El impulso de esta legislación estuvo a cargo de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, tras la visita a Caracas del secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, quien señaló el interés de empresas estadounidenses en operar en territorio venezolano.
Posteriormente, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una licencia que autoriza a compañías de ese país a participar en actividades relacionadas con la explotación y comercialización del oro venezolano, marcando un nuevo escenario para la industria minera del país sudamericano.
