JavaScript must be enabled in order for you to see "WP Copy Data Protect" effect. However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser. To see full result of "WP Copy Data Protector", enable JavaScript by changing your browser options, then try again.
PUBLICIDAD
publicidad
PUBLICIDAD

De la redacción
El Buen Tono

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, firmó este jueves la Ley de Amnistía para la liberación de personas detenidas por motivos políticos, aprobada por la Asamblea Nacional apenas 20 días después de su presentación. La medida busca promover la convivencia y el diálogo con los distintos sectores políticos, económicos y sociales del país.

Tras la firma en el Palacio Presidencial de Miraflores, Rodríguez pidió que se active con “máxima celeridad” la revisión de los casos no contemplados en la ley y se den las recomendaciones necesarias para sanar heridas y reforzar la convivencia democrática y la justicia.

La ley beneficiará a dirigentes opositores, sindicalistas, activistas de derechos humanos, estudiantes, académicos y periodistas, detenidos durante meses o incluso años por motivos políticos. Se excluye a quienes hayan cometido homicidio, tráfico de drogas, violaciones graves de derechos humanos o rebelión militar.

Uno de los puntos más polémicos de la ley era la amnistía para personas que se encuentran fuera del país. Finalmente, se acordó que estos exiliados podrán representarse ante un tribunal mediante un poder otorgado a un abogado de su confianza.

Aunque el gobierno ha liberado a cerca de 900 reclusos desde diciembre, familiares y activistas han criticado la lentitud del proceso, señalando que solo 448 personas habían sido liberadas hasta esta semana según el Foro Penal.

El instrumento legal abarcará momentos específicos de los mandatos de Hugo Chávez (1999-2013) y Nicolás Maduro (2013-2026), incluyendo el paro petrolero de 2003 y las protestas de 2017 y 2024. Sin embargo, activistas alertan que quedan fuera más de 14 años de detenciones y que la ley no garantiza la derogación de otras normativas que han permitido arrestos arbitrarios, como la “Ley contra el odio” de 2017.

El gobierno asegura que la norma busca reparar las heridas de la confrontación política y potenciar el diálogo con todos los sectores del país, mientras los críticos piden que la amnistía sea amplia, no selectiva, y abarque a todos los detenidos por razones políticas.

CANAL OFICIAL PUBLICIDAD

close