DE LA REDACCIÓN
EL BUEN TONO
XALAPA.- Los contratos millonarios dados por organismos electorales de Veracruz a empresas vinculadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas quedaron bajo mayor escrutinio, luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirmó que cuenta con testimonios, documentos y registros financieros sobre la intervención de empresarios en procesos de contratación pública.
Entre 2014 y 2023, Veracruz acumuló 570.4 millones de pesos en adjudicaciones a compañías relacionadas con esos empresarios, el monto más alto entre las 23 entidades revisadas por el Gobierno federal. La cifra representa el 27.2 % de los 2 mil 94 millones de pesos identificados en contratos de organismos electorales locales en ese periodo.
El señalamiento adquiere relevancia porque las investigaciones ya no se limitan a revisar montos y expedientes. La ASF informó que recibió información de personas que conocen cómo fueron las operaciones y entregaron fotografías, videos, conversaciones de WhatsApp, domicilios, datos financieros y nombres involucrados.
De acuerdo con el órgano fiscalizador, beneficiarios finales de empresas habrían intervenido en la selección de proveedores y en la elaboración de requisitos técnicos para sus intereses. Es decir, las indagatorias determinarán si quienes debían competir por contratos públicos participaron en la definición de las condiciones para obtenerlos. La revisión alcanza contrataciones del Instituto Federal Electoral, el Instituto Nacional Electoral y Organismos Públicos Locales Electorales. Además, la ASF identificó operaciones por 8 mil 870.3 millones de pesos concentradas en dos grupos empresariales entre 2014 y 2026; de eso, 3 mil 790 millones correspondieron a organismos electorales locales.
Entre las compañías bajo revisión: Cajas Graf, Seriplast de México, Corporativo ZEG y Formas Finas y Materiales. En el caso de Veracruz, las cifras presentadas por la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, ubican 302.9 millones de pesos en contratos para Cajas Graf, 263.3 millones para Seriplast de México y 4.2 millones para Corporativo ZEG.
La concentración de recursos y vínculos entre proveedores obligan a revisar a fondo cómo se adjudicaron esos contratos, quién autorizó las compras y qué controles aplicaron los organismos electorales para garantizar competencia real y transparencia en el uso del dinero público.
La ASF busca reconstruir procedimientos, identificar a participantes y establecer el destino de los recursos.
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