AGENCIA
Veracruz.- La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, alertó sobre las posibles consecuencias de una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que podría terminar con la prisión preventiva oficiosa. En conferencia de prensa este martes, Alcalde Luján señaló que Veracruz sería el tercer estado más afectado a nivel nacional, con 4 mil 554 presuntos delincuentes que podrían quedar en libertad si se elimina esta medida.
La funcionaria explicó que esta decisión impactaría a la posible liberación de 68 mil presuntos delincuentes a nivel nacional, que actualmente se encuentran bajo este régimen. “Estamos hablando de individuos acusados de delitos como homicidio, secuestro, violación, narcotráfico, entre otros, que están directamente relacionados con la seguridad de las víctimas y testigos”, detalló.
Esta situación surge tras la resolución emitida en enero de 2023 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha llevado a la SCJN a considerar la inaplicación del artículo 19 constitucional. La Secretaria criticó este proceso, señalando que la Suprema Corte podría estar excediendo sus facultades al tomar una decisión sin dimensionar las implicaciones para la paz y seguridad del país. “Creemos que es un acto inadmisible de injerencia que ningún Estado, Gobierno, organismo o Tribunal extranjero puede ordenarle a México modificar su Constitución, su régimen político y su forma de Gobierno”, expresó Alcalde Luján.
Además, destacó que la posible eliminación de la prisión preventiva oficiosa pondría en riesgo no solo a las víctimas y los testigos, sino también a policías, personal de la Fiscalía, y los propios jueces, así como a la población en general y la seguridad nacional. “Se trata de personas que presuntamente están asociadas a grupos del crimen organizado y que cuentan con capacidad económica y operativa, incluso con alto riesgo de darse a la fuga”, agregó.
La secretaria también hizo un llamado a los ministros de la Suprema Corte a respetar la Constitución y la división de poderes, y a considerar las “graves consecuencias” de una decisión precipitada. Además, subrayó que solo el Congreso de la Unión, a través de los diputados y senadores, está facultado para reformar o modificar una disposición constitucional, necesitando las dos terceras partes de sus miembros y la ratificación de la mayoría de los Congresos locales.
El tema de la prisión preventiva oficiosa continúa siendo un punto de intenso debate en México, especialmente considerando las implicaciones que tiene para la estructura del sistema de justicia penal y la protección de los derechos humanos.
