De la Redacción
El Buen Tono
Córdoba.- La activista y excandidata relató forcejeo, jaloneo y una lesión; pidió no ser silenciada y dijo que no contratará protección. El caso plantea dos exigencias: esclarecer el operativo y evitar que una denuncia legítima se convierta en tribuna de acusaciones no comprobadas.
Tras su liberación, Samantha Vicentini relató que el 18 de octubre, alrededor de las 18:00 horas, tres personas —dos hombres y una mujer— llegaron a su domicilio. Según su versión, solo uno se identificó como comandante del Ministerio Público y le mostró una credencial, no una orden.
Ella pidió hacer una llamada a su abogado, asegura que se lo negaron, forcejearon, la jalaron del cabello, la empujaron y la metieron a un vehículo. Mostró una lesión y afirmó que fue sometida. Estos señalamientos son graves y exigen una investigación independiente sobre el operativo, el uso de la fuerza y el respeto al debido proceso.
La crítica no debe confundirse con revictimización. Si su relato es cierto, hay una violación de derechos humanos que no puede quedar en la impunidad. Sin embargo, su declaración también mezcla la denuncia legítima con acusaciones políticas que no presentó con pruebas públicas: sostuvo que el caso deriva de una denuncia de 2023 por amenazas, que es inocente, que le “robaron la elección” de 2025 y que la molestia obedece a que sigue caminando y escuchando a la gente. Atribuir la detención a una persecución política puede ser una hipótesis, no una conclusión periodística.
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