AGENCIA
Ciudad de México.- Un video grabado por la influencer Valeria Márquez meses antes de su feminicidio volvió a viralizarse en redes sociales luego de que las autoridades dieran a conocer nuevos avances en la investigación del caso.
En la grabación, realizada durante una transmisión en vivo mientras se maquillaba, la joven compartía con sus seguidores una reflexión sobre las relaciones de pareja y la importancia de establecer límites ante conductas que afectan el bienestar emocional.
Durante el video, Valeria expresaba que una relación no debía mantenerse cuando una persona ignoraba reiteradamente los límites establecidos por su pareja, dejando entrever que esas situaciones habían influido en la decisión de poner fin a una relación sentimental.
El material comenzó a circular nuevamente después de que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informara que la principal línea de investigación señala a Francisco Álvarez, hijo de Ramón Ángel, alias “El R1”, como el presunto responsable de haber solicitado el feminicidio de la creadora de contenido.
Tras este anuncio, usuarios de redes sociales también retomaron fotografías y otras publicaciones de Valeria en las que aparecía junto a quien era señalado como su pareja. Entre ellas destacan imágenes de una petición de noviazgo, regalos y mensajes relacionados con su vida sentimental.
Asimismo, volvió a difundirse una publicación realizada por la influencer antes de su asesinato, en la que responsabilizaba a una persona de cualquier daño que pudiera sufrir ella o su familia, mensaje que ha cobrado relevancia tras los recientes avances en la investigación.
Valeria Márquez fue asesinada el 13 de mayo de 2025 mientras realizaba una transmisión en vivo desde su salón de belleza en Zapopan, Jalisco. El caso generó una amplia conmoción a nivel nacional y continúa bajo investigación.
Durante la conferencia matutina del 31 de julio de 2026, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la principal línea de investigación apunta a que Francisco Álvarez, quien presuntamente mantenía una relación sentimental con la víctima y la había amenazado en diversas ocasiones, habría solicitado a su padre la comisión del feminicidio.
Hasta el momento, Francisco Álvarez permanece prófugo, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer plenamente el crimen y detener a todos los presuntos responsables.
Las investigaciones también deberían alcanzar a los jueces que, presuntamente, han liberado a estos delincuentes. Si se revisa el historial delictivo de Ramón Ángel, alias “El R1”, señalado como padre del presunto responsable intelectual del feminicidio de Valeria Márquez, se observa que enfrentó diversos procesos por delitos graves y, aun así, recuperó su libertad en distintas ocasiones.
Surge entonces una pregunta: ¿por qué las investigaciones se centran únicamente en los presuntos responsables materiales e intelectuales y no en quienes, desde el sistema de justicia, pudieron haber contribuido a que personas con antecedentes delictivos regresaran a las calles? Si existieron liberaciones irregulares o actos de corrupción, también deberían investigarse y, en su caso, sancionarse conforme a la ley.
Sería necesario revisar cuántos delincuentes fueron liberados por los jueces involucrados y determinar si dichas resoluciones se ajustaron al marco legal o si estuvieron motivadas por actos de corrupción. En caso de comprobarse irregularidades, quienes las hayan cometido también tendrían que enfrentar responsabilidades penales.
De acreditarse que alguna liberación fue ilegal, es válido plantear si ciertos delitos posteriores pudieron haberse evitado. En este caso, si “El R1” hubiera permanecido en prisión tras alguno de sus procesos anteriores, quizá no habría tenido la posibilidad de participar, presuntamente, en la planeación del feminicidio de la joven.
Asimismo, si se demuestra que otras personas vinculadas al caso también obtuvieron su libertad de manera indebida pese a contar con antecedentes o haber sido detenidas por otros delitos, las autoridades tendrían la obligación de investigar quién autorizó esas liberaciones y bajo qué argumentos jurídicos.
La corrupción dentro del sistema de justicia, cuando existe, no solo favorece la impunidad, sino que puede tener consecuencias graves para la sociedad. Por ello, las investigaciones no deberían limitarse a los delincuentes, sino también alcanzar a cualquier servidor público que, mediante actos ilegales, haya facilitado que personas de alta peligrosidad recuperaran su libertad. Solo así podrá fortalecerse la confianza ciudadana en las instituciones y garantizar que la ley se aplique sin excepciones.
