AGENCIA
Iguala, Guerrero.- El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, habría ordenado durante una reunión de alto nivel eliminar toda evidencia relacionada con los hechos ocurridos en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
La acusación fue presentada por Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), quien señaló que nuevas declaraciones obtenidas durante las investigaciones apuntan directamente al exmandatario estatal como responsable de instruir la desaparición de material considerado relevante para esclarecer lo ocurrido aquella noche.
Godoy explicó que el autobús Estrella de Oro número 1531, en el que viajaban varios de los normalistas, fue captado por las cámaras de seguridad 12 y 15 instaladas en el exterior del Palacio de Justicia de Guerrero, mientras los estudiantes eran detenidos por policías municipales y estatales.
Las imágenes son consideradas una pieza de especial relevancia debido a que podrían aportar información sobre lo ocurrido con los jóvenes después de que el autobús fuera interceptado en las inmediaciones del recinto judicial.
De acuerdo con la nueva investigación de la FGR, la desaparición de las grabaciones no habría sido consecuencia de una falla técnica, como se sostuvo inicialmente, sino de una acción deliberada para eliminar evidencia. La Fiscalía sostiene que los videos fueron retirados y que posteriormente se habría instruido su destrucción.
La investigación también apunta a que la decisión de desaparecer las imágenes habría sido tomada durante una reunión de funcionarios de alto nivel. En ese encuentro, presuntamente se habría planteado la necesidad de eliminar cualquier registro que pudiera comprometer a las autoridades respecto de lo ocurrido en Iguala.
Las cámaras del Palacio de Justicia han sido durante años uno de los puntos controvertidos de la investigación del caso Ayotzinapa. La falta de las grabaciones impidió conocer con precisión qué ocurrió con los estudiantes durante uno de los momentos fundamentales de aquella noche.
La FGR sostiene que la desaparición de este material forma parte de una serie de acciones encaminadas a obstaculizar el esclarecimiento de los hechos y ocultar información sobre el destino de los normalistas.
El caso tomó un nuevo giro con las investigaciones emprendidas contra antiguos funcionarios relacionados con la desaparición de los videos. La Fiscalía busca establecer quiénes participaron en la sustracción, ocultamiento y eventual destrucción de las grabaciones, así como determinar el nivel de responsabilidad que habría tenido el entonces gobernador.
A casi 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes, la investigación continúa abierta y las autoridades federales buscan reconstruir las decisiones tomadas durante las primeras horas posteriores a los ataques registrados en Iguala.
La nueva línea de investigación coloca nuevamente bajo la lupa a funcionarios de alto nivel que estuvieron al frente del gobierno de Guerrero durante los hechos, al considerar que la eliminación de evidencia pudo haber sido parte de un intento por impedir que se conociera qué ocurrió con los normalistas después de su detención.
