AGENCIA
Villahermosa, Tab.- Una veintena de elementos armados ingresó al Centro Médico del ISSET para ejecutar una orden de aprehensión contra una enfermera identificada como Juana “N”, señalada por su presunta responsabilidad en el incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar.
La detención ocurrió la tarde del miércoles 9 de septiembre en el Centro Médico “Dr. Juan Puig Palacios”, donde la trabajadora se encontraba realizando su jornada laboral. La presencia de militares y agentes portando armas largas sorprendió a pacientes y personal médico.
De acuerdo con reportes locales, alrededor de 20 elementos de distintas corporaciones participaron en el operativo, entre ellos integrantes del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Fiscalía General del Estado de Tabasco. También se reportó la posible participación de personal de la Secretaría de Marina y del Grupo de Reacción y Operaciones Especiales.
La enfermera habría sido requerida por un presunto incumplimiento en el pago de una pensión alimenticia. Hasta ahora, las autoridades no han informado públicamente mayores detalles sobre el expediente ni sobre la instancia judicial que emitió la orden.
El despliegue fue grabado por derechohabientes que se encontraban en las instalaciones. En los videos difundidos se observa a elementos armados recorriendo los pasillos y rodeando a la trabajadora para posteriormente escoltarla hacia la salida.
La escena provocó desconcierto entre pacientes y trabajadores. “¿Pues qué hizo, a quién mató?”, cuestionó una mujer mientras observaba el operativo.
El ISSET confirmó posteriormente la detención y señaló que permitió el ingreso de las autoridades para cumplir el mandato judicial. También aclaró que el caso no está relacionado con las funciones profesionales de la trabajadora y que la operación del hospital no se vio afectada.
Sin embargo, la magnitud del despliegue generó cuestionamientos. Si se trataba de ejecutar una orden por un presunto incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, ¿era realmente necesario movilizar a una veintena de elementos armados, algunos con armas largas, dentro de un hospital?
La pregunta resulta todavía más incómoda en un estado donde la ciudadanía reclama constantemente mayor capacidad para perseguir delitos de alto impacto, detener a generadores de violencia y combatir a quienes realmente representan un riesgo para la población.
Nadie está por encima de la ley y una orden de aprehensión debe cumplirse cuando corresponde. Pero también es válido cuestionar la proporcionalidad del operativo y el uso de recursos de seguridad para detener a una trabajadora acusada de un delito relacionado con una obligación familiar.
Mientras las autoridades desplegaron un aparatoso operativo dentro de un hospital, la ciudadanía sigue esperando que esa misma contundencia se vea en las calles frente a quienes cometen delitos violentos y afectan directamente la seguridad de la población.
