AGENCIA
Piedras Negras, Coahuila.- El caso de una niña de nueve años que denunció presunto abuso sexual por parte de su padre ha puesto bajo escrutinio el actuar de las autoridades judiciales y de protección infantil en Coahuila. Más allá de la gravedad de las acusaciones, la indignación social se centra en una pregunta que aún no encuentra respuesta: ¿Por qué una menor que pidió ayuda terminó siendo obligada a permanecer con la persona a la que señalaba?
La historia salió a la luz nacional luego de que se viralizara un video donde la menor suplica entre lágrimas que no la obliguen a regresar con su padre, identificado como Eduardo Alejandro “N”. Las imágenes provocaron una oleada de indignación porque exhibieron algo más profundo que un conflicto familiar: la aparente incapacidad de las instituciones para escuchar a una niña que afirmaba sentirse en peligro.
La madre de la menor, Vica Torres Arocha, sostiene que durante años enfrentó violencia física por parte de su expareja y que, cuando intentó denunciar, encontró indiferencia y obstáculos institucionales. Ahora asegura que esa misma falta de respuesta se repitió cuando su hija manifestó ser víctima de abuso sexual.
Según el relato de la madre, el padre de la menor había permanecido ausente durante aproximadamente dos años y retomó contacto recientemente. Tras una disputa familiar, inició un proceso legal que derivó en la obtención de la custodia de la niña. La decisión judicial ha sido severamente cuestionada por colectivos y usuarios de redes sociales, quienes consideran que se tomó sin una adecuada perspectiva de género y sin valorar de manera integral los antecedentes de violencia denunciados por la madre.
La situación se agravó cuando la menor expresó su rechazo a permanecer con su padre. De acuerdo con la denuncia pública, la niña habría sido separada de su entorno materno y mantenida incomunicada de gran parte de su familia. Los mensajes que presuntamente hacía llegar a través de compañeras y amistades reflejaban angustia, arrepentimiento y el deseo de volver con su madre.
La denuncia más delicada surgió el pasado 27 de mayo, cuando, según la madre, la niña reveló que su padre le realizaba tocamientos indebidos. Aun así, el hombre permaneció en libertad y la menor continuó bajo un esquema de custodia que generó preocupación entre organizaciones defensoras de derechos de la infancia.
Fue necesaria la presión social, la difusión masiva del caso y una protesta pública para que finalmente la menor quedara bajo resguardo de su familia materna. Este hecho ha provocado cuestionamientos sobre la rapidez y eficacia con la que actuaron las autoridades. Si existían elementos suficientes para modificar la situación de la niña después de la movilización pública, diversas voces se preguntan por qué no se actuó con la misma urgencia desde que surgieron las primeras alertas.
El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, aseguró que su administración intervino de inmediato una vez que conoció el caso y afirmó que la investigación continuará hasta esclarecer los hechos. Sin embargo, las declaraciones oficiales no han disipado las críticas hacia un sistema que, para muchos, reaccionó únicamente cuando el caso alcanzó notoriedad nacional.
El episodio también ha vuelto a poner sobre la mesa el problema de la violencia vicaria, una forma de violencia de género en la que los hijos son utilizados para causar daño emocional a las madres. Especialistas advierten que estos casos requieren una atención integral, con enfoque de derechos humanos y protección prioritaria de la niñez, especialmente cuando existen denuncias de violencia familiar o abuso sexual.
La discusión trasciende a una sola familia. De acuerdo con la Red para los Derechos de las Infancias en México, durante 2024 miles de niñas y adolescentes recibieron atención hospitalaria por violencia sexual en el país. Sin embargo, las estadísticas oficiales apenas reflejan una parte del problema debido a la gran cantidad de casos que nunca son denunciados o investigados.
Hoy, mientras las autoridades continúan las indagatorias, permanece una interrogante incómoda para el sistema de justicia: si una niña tuvo que gritar, llorar frente a cámaras y convertirse en noticia nacional para ser escuchada, ¿cuántos otros casos permanecen invisibles esperando una respuesta que nunca llega?
La exigencia de justicia ya no sólo gira en torno a determinar responsabilidades penales. También apunta a esclarecer por qué las instituciones encargadas de proteger a la infancia fueron señaladas por privilegiar decisiones burocráticas y resoluciones judiciales por encima de las alertas emitidas por una menor que aseguraba sentirse vulnerable. Esa es la parte del caso que mantiene abierta la indignación social y que las autoridades aún están obligadas a explicar.
