AGENCIA
Ciudad de México.- El gobierno federal, a través del Infonavit, lanzará un programa para “regularizar” a personas que han ocupado viviendas de manera irregular. La propuesta ofrece la posibilidad de adquirir sus hogares a un precio “muy económico” y mediante facilidades de pago, en un proceso que ha sido calificado por algunos como “la legalización de la ilegalidad”.
Según el director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero, se ha detectado que entre las 168 mil viviendas censadas, 145 mil están habitadas sin crédito, mientras que las demás están deshabitadas o vandalizadas.
Romero explicó que los ocupantes no serán desalojados, sino que se les ofrecerá la opción de adquirir el inmueble mediante un esquema de renta con opción a compra. “No lo van a sacar, pero sí se advertirá que si no se regulariza nunca va a ser dueño de la vivienda… lo que queremos es que se regularice”.
En redes sociales, el plan generó reacciones encontradas. Según un usuario en Twitter, “El gobierno ofrecerá a invasores la oportunidad de regularizarse, pagar sus casas a un precio ‘muy económico’ y con facilidades. Será la legalización de la ilegalidad”.
¿En qué consiste el plan?
* Evitar desalojos de viviendas ocupadas irregularmente.
* Otorgar precios accesibles, con pago vía renta más compresión progresiva.
* Regularización de pasivos en viviendas sin crédito o con crédito vencido.
* Infonavit usará el censo para identificar predios y habitantes irregulares.
Opinión pública y académica
La medida divide opiniones. Sus defensores argumentan que es una solución práctica para personas vulnerables que ahora podrán acceder a la propiedad. No obstante, críticos alertan que podría incentivar nuevas ocupaciones ilegales, al normalizar una práctica que hasta ahora se había sancionado.
Situación legal
Hasta ahora, ninguna autoridad ha expresado respaldo legal al programa. Expertos en derecho inmobiliario consideran que la propuesta requerirá de disposiciones claras para evitar litigios y sanciones posteriores.
El programa piloto, cuyas fechas aún no se han confirmado, marca un nuevo enfoque en la política de vivienda social, con fuertes implicaciones sociales y urbanísticas. Las reacciones políticas y jurídicas que generará estarán en el ojo público en los próximos meses.
Si el invasor, valga la redundancia invadió, es por que no tiene dinero para pagar renta, mucho menos para pagar un crédito. Ahora si viene la feria para las inmobiliarias, mucho de donde aprovechar.
¿Regulación de casas invadidas a precio económico? ¿Y los dueños legales que ya pagaron esa casa? Sería exactamente una expropiación a particulares. ¿Para eso querían a este tipo en Iinfonavit?
Cuando el Estado premia la invasión con títulos de propiedad, no está resolviendo la pobreza, está institucionalizando el despojo. Legalizar lo ilegal no es justicia social; es complicidad disfrazada de política pública.
