EL BUEN TONO
Ixhuatlancillo, Veracruz.- La reciente realización de festejos municipales en Ixhuatlancillo ha desatado una fuerte controversia pública, luego de que se denunciara el sacrificio de al menos tres toros, así como el abandono de sus restos -pieles y carne- en plena vía pública, sin ningún tipo de manejo sanitario ni disposición final adecuada.
A estos hechos se suma el uso de cerdos en actividades recreativas, las cuales, de acuerdo con defensores de los derechos animales, implican sufrimiento innecesario con fines de entretenimiento, una práctica que hoy se encuentra bajo creciente escrutinio legal y social.
El marco legal es claro
La Ley de Protección a los Animales para el Estado de Veracruz establece de forma expresa que:
*Se prohíbe causar dolor, sufrimiento o muerte innecesaria a cualquier animal.
*Queda prohibido abandonar restos de animales en espacios públicos, por representar riesgos sanitarios y actos de crueldad.
*Las autoridades municipales tienen la obligación de prevenir, sancionar y no tolerar actos de maltrato animal dentro de su jurisdicción.
Asimismo, el Código Penal del Estado de Veracruz contempla sanciones para quien cometa actos de maltrato animal y señala que también puede existir responsabilidad cuando estos hechos ocurren por negligencia, permisividad u omisión de autoridades, especialmente cuando los eventos cuentan con autorización oficial.
Especialistas advierten que, aunque las corridas de toros aún se realizan en algunos municipios, ninguna tradición está por encima de la ley, y estos eventos deben cumplir estrictamente con normas de bienestar animal, salubridad, protección civil y manejo de residuos biológicos.
El abandono de restos animales en la vía pública podría además constituir faltas administrativas graves y posibles violaciones a la Ley General de Salud y normativas estatales en materia de residuos de manejo especial.
Omisión institucional y prioridades cuestionadas
Ciudadanos han señalado que existieron recursos, permisos y logística para llevar a cabo la feria y los espectáculos, pero no para garantizar servicios básicos, como la recolección de basura ni la disposición adecuada de los restos animales, los cuales permanecieron expuestos tras concluir el evento.
Esta situación ha sido calificada como una falla directa de supervisión municipal, que podría configurar responsabilidad administrativa e incluso penal, al tratarse de hechos previsibles y evitables.
Exigen investigación y sanciones
Organizaciones civiles y habitantes del municipio exigen que el alcalde de Ixhuatlancillo y las áreas responsables rindan cuentas públicas sobre:
Quién autorizó los eventos con animales
Bajo qué criterios legales se permitió el sacrificio
Por qué no se aplicaron protocolos sanitarios ni de protección animal
También solicitan la intervención de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA), la Fiscalía General del Estado y autoridades de salud, para determinar si estos hechos constituyen maltrato animal, negligencia institucional y violaciones a la ley vigente.
El caso reabre el debate sobre el uso de animales en espectáculos y deja una advertencia clara: Cuando la autoridad permite el sufrimiento animal, deja de ser tradición y se convierte en responsabilidad legal.
