AGENCIA
Ciudad Obregón, Sonora.- Sergio Daniel Gaxiola Galindo tenía 16 años, estudiaba la preparatoria y entrenaba boxeo con la esperanza de abrirse camino en la vida a golpes de disciplina y no de violencia. Su historia parecía la de miles de jóvenes mexicanos que buscan en el deporte una salida a la precariedad y a la inseguridad. Sin embargo, su sueño terminó acribillado en una calle de Cajeme, uno de los municipios más violentos del país.
La noche del 5 de mayo, Sergio caminaba por la colonia Los Ángeles cuando fue interceptado por sujetos que viajaban en motocicleta. Los disparos acabaron con su vida y con las expectativas de una familia que veía en él una promesa. Días después, la Fiscalía de Sonora confirmó la detención de dos adolescentes, también menores de edad, quienes portaban armas presuntamente utilizadas en el crimen.
La tragedia no solo expone la brutalidad de la violencia en Sonora. Revela algo aún más inquietante: El crimen organizado ya no se conforma con asesinar a los jóvenes; ahora los recluta, los utiliza y, cuando se niegan, los elimina.
Cuando la infancia se convierte en cantera del crimen
La madre del joven, Mar Stephanie Galindo, rompió el silencio al abordar a la presidenta Claudia Sheinbaum durante una gira en Navojoa. Entre lágrimas, aseguró que su hijo había sido amenazado por individuos que intentaban obligarlo a integrarse a actividades delictivas.
La declaración abrió una línea de investigación que apunta a una hipótesis devastadora: Sergio pudo haber sido asesinado por negarse a trabajar para un grupo criminal.
Si esta versión se confirma, el mensaje es aterrador. En muchas regiones del país, los adolescentes ya no eligen entre estudiar o trabajar; el crimen organizado les impone una tercera opción: Obedecer o morir.
Menores armados por adultos invisibles
El hecho de que los presuntos responsables también sean adolescentes retrata el fracaso de múltiples instituciones. Detrás de cada menor armado hay adultos que reclutan, financian, entrenan y explotan a niños como carne de cañón.
En zonas como Cajeme, donde grupos como “Los Chapitos” y “Los Salazar” disputan rutas del narcotráfico, los jóvenes son utilizados como vigilantes, mensajeros y sicarios. Son desechables, fácilmente reemplazables y jurídicamente más complejos de procesar.
Para los cárteles, un adolescente representa mano de obra barata y vulnerable. Para el Estado, parece haberse convertido en una estadística más.
Un país que llega tarde
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Sonora se ubica entre las entidades con mayor número de adolescentes imputados por delitos. Detrás de esos números hay un fenómeno estructural que combina pobreza, desintegración social, abandono institucional y la presencia de organizaciones criminales con poder territorial.
Las autoridades suelen reaccionar cuando ya hay un funeral. Se anuncian investigaciones, operativos y discursos de condolencia, pero rara vez se desmantelan las redes que reclutan menores o se crean condiciones reales para alejarlos de la violencia.
El costo de negarse
Sergio Daniel apostó por el boxeo y la escuela. Su historia sugiere que eso no fue suficiente para escapar del entorno que lo rodeaba.
En un país donde los grupos criminales disputan territorios con mayor eficacia que muchos gobiernos, negarse a participar puede convertirse en una sentencia de muerte.
Su asesinato deja una pregunta incómoda: ¿Cuántos adolescentes más deberán morir antes de que el reclutamiento de menores sea tratado como la emergencia nacional que ya es?
Mientras las autoridades investigan y la familia exige justicia, la historia de Sergio Daniel resume la tragedia de una generación atrapada entre los sueños y las balas. En México, para demasiados jóvenes, el futuro no depende del esfuerzo, sino de si logran decir “no” y sobrevivir.
