AGENCIA
Sinaloa.- Un juez de control con sede en Los Mochis, en el estado de Sinaloa, vinculó a proceso a 13 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, bajo la figura de dolo eventual, por la muerte de dos niñas y lesiones a cuatro personas más.
Las víctimas mortales fueron Leidy y Alexa, primas entre sí, quienes fallecieron tras un ataque ocurrido el 6 de mayo de 2025 en la comunidad de Cieneguilla. De acuerdo con la investigación, ambas viajaban con su familia rumbo a la escuela cuando, al intentar regresar por un camino bloqueado, un convoy del Ejército mexicano abrió fuego contra la camioneta en la que se trasladaban.
Durante la audiencia, el juez Josué Noé Egure Yáñez determinó que existían elementos suficientes para iniciar proceso penal contra los militares, al considerar que el uso de la fuerza fue injustificado y que existía una alta probabilidad de causar un resultado letal al accionar sus armas contra civiles.
La imputación se sustenta en pruebas presentadas por agentes del Ministerio Público Federal, adscritos a la Fiscalía Especializada de Control Regional de la Fiscalía General de la República, quienes argumentaron que los elementos castrenses no actuaron conforme a lo establecido en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.
El Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, que representa a las familias de las víctimas, señaló que este caso evidencia las consecuencias del despliegue militar en contextos de violencia, particularmente cuando no existen controles efectivos.
La organización detalló que el pasado 31 de marzo se notificó a las víctimas sobrevivientes sobre la ejecución de órdenes de aprehensión contra los 13 militares, y el 6 de abril se concretó la vinculación a proceso dentro del término constitucional.
Durante el proceso, la defensa de los militares argumentó que los elementos actuaron bajo un contexto de tensión y alerta debido a la situación de violencia en la entidad; sin embargo, el juez desestimó este planteamiento al considerar que los soldados cuentan con entrenamiento especializado y que no se acreditó ninguna causa que justificara el uso letal de la fuerza.
El fallo judicial también toma en cuenta el impacto en las víctimas, cuyos familiares expusieron cómo el ataque destruyó su proyecto de vida y reiteraron su exigencia de justicia.
El caso ha reavivado el debate sobre el papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública durante el gobierno de Claudia Sheinbaum, así como sobre la necesidad de garantizar investigaciones imparciales en casos de presuntas violaciones a derechos humanos.
El Centro Prodh advirtió que la siguiente etapa será clave para el fortalecimiento de la investigación, al tiempo que demandó que el Poder Judicial actúe con independencia y que las instituciones garanticen verdad y justicia para las víctimas.
Mientras tanto, las familias de Leidy y Alexa han reiterado que continuarán con su lucha legal, en un caso que, aseguran, refleja la urgencia de evitar la repetición de hechos similares en el país.
