Xalapa, Ver., 23 de diciembre de 2025.- La violencia contra las mujeres en Veracruz mantiene un panorama complejo y persistente, con tendencias al alza, sobre todo en los casos de desaparición, señaló Estela Casados González, coordinadora del Observatorio Universitario de Violencias Contra las Mujeres (OUVMujeres).
En entrevista, al analizar los datos más recientes sobre la situación en la entidad, Casados González explicó que, aunque a nivel nacional se ha intentado posicionar la idea de una disminución de la violencia feminicida, en Veracruz los indicadores reflejan una realidad distinta.
El homicidio doloso está en tercer lugar a nivel nacional, donde un 40 por ciento son mujeres, ello significa que sigue sin tipificarse los casos de feminicidio, acorde a cifras de la propia fiscalía de Veracruz.
Papantla y Coatzacoalcos presentan el mayor número de feminicidios.
Si bien existen cifras oficiales históricas —como los alrededor de 100 casos registrados en 2017—, estos números no permiten dimensionar de manera integral el problema, sobre todo cuando se analizan otros fenómenos asociados, como la desaparición y el homicidio doloso.
De acuerdo con los registros del OUVMujeres, desde 2021 se observa un incremento sostenido y desproporcionado en los casos de desaparición de mujeres en Veracruz. Esta tendencia, subrayó, evidencia que las autoridades actúan cuando la violencia ya ocurrió, sin una estrategia efectiva de prevención.
La coordinadora del Observatorio enfatizó que el feminicidio no puede analizarse como un hecho aislado, sino en relación con otras formas de violencia. Recordó que Veracruz se mantiene entre las entidades con mayores índices de homicidio doloso a nivel nacional y forma parte del grupo de estados que concentran más del 40 por ciento de estos delitos, de acuerdo con cifras oficiales de la Fiscalía General del Estado, una proporción significativa de ellos cometidos contra mujeres.
En el análisis territorial, destacó que Coatzacoalcos encabeza la lista de municipios con mayor número de casos, mientras que Papantla resulta especialmente preocupante, ya que, pese a contar con menor población, presenta una alta incidencia. Este municipio, recordó, forma parte de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género, la cual contempla medidas específicas, incluso para mujeres indígenas, independientemente de su lugar de origen.
A casi una década de la emisión de dicha declaratoria, vigente desde noviembre de 2016, Casados González cuestionó la falta de información clara y pública sobre sus resultados. Señaló que la ciudadanía desconoce cuántos casos han sido atendidos bajo este mecanismo, qué acciones preventivas se han implementado, cuántos presuntos responsables han sido detenidos y cuántos han recibido sentencia.
Más allá de una evaluación política de los gobiernos en turno, sostuvo que el acceso a esta información es fundamental para conocer las condiciones reales en las que viven las mujeres veracruzanas y medir la efectividad de las políticas públicas destinadas a su protección.
Respecto a los recientes cambios en la Fiscalía General del Estado, indicó que, aunque la llegada de una nueva titular genera expectativas, la impunidad continúa siendo uno de los principales pendientes. En ese sentido, consideró indispensable garantizar justicia en los casos de feminicidio, homicidio de mujeres y desaparición, así como una mayor sensibilidad hacia las víctimas y sus familias.
Finalmente, reiteró que la Alerta de Violencia de Género debe entenderse como un mecanismo de coordinación interinstitucional que involucre no solo a la Fiscalía, sino también a dependencias como Seguridad Pública, Educación y Salud, con el objetivo de prevenir, atender y sancionar de manera integral las violencias contra las mujeres. Asimismo, insistió en que toda muerte violenta de una mujer debe investigarse inicialmente como feminicidio, tal como lo establece la ley, para combatir la impunidad desde el inicio de las investigaciones.
