José Balcázar
El Buen Tono
CÓRDOBA.- El presidente municipal Juan Martínez Flores, junto con Manuel Alonso Cerezo, impugnado y líder del cártel inmobiliario, violaron la ley cuando permitieron la incorporación anticipada de personal vinculado a la próxima administración, a pesar de que el proceso formal de entrega-recepción aún no ha iniciado y el Tribunal Electoral de Veracruz no ha emitido resolución alguna. Así lo denunció Manuel Molina Gómez, presidente del Centro de Investigación, Difusión e Implementación sobre Asociaciones Civiles (CIDIAC).
Durante la sesión de Cabildo de este viernes, el regidor noveno, Rodrigo Javier Flores Morales, cuestionó al alcalde sobre cómo se ha permitido que personas relacionadas con la siguiente administración trabajen en dependencias municipales sin contar con nombramiento oficial. Ante este señalamiento, Martínez Flores no sólo evitó negar los hechos, sino que los admitió, lo que deja en evidencia una omisión directa en el cumplimiento de la ley, donde el ayuntamiento está siendo manipulado por intereses externos al marco institucional.
Cabe recordar que la Ley Orgánica del Municipio Libre establece que la entrega-recepción debe realizarse en diciembre, como parte de un proceso técnico-administrativo normado, y que sólo se pueden realizar acercamientos previos durante los dos meses anteriores al cambio de administración. Sin embargo, en diversas oficinas municipales despachan personas designadas por la futura comuna, la cual permanece impugnada en los tribunales electorales.
Durante la sesión, el edil enfatizó que se ha documentado cómo estas personas operan en áreas estratégicas, es decir, Tesorería, Comercio, Servicios Municipales e Hidrosistema, donde, además de ocupar cargos sin nombramiento oficial, han comenzado a desplazar al personal actual sin que exista ningún procedimiento administrativo, en total violación al marco jurídico.
Por otra parte, Molina Gómez subrayó que esta situación no representa un relevo ordenado, sino una intervención ilegal que vulnera la autonomía municipal. Además, abundó en que no existe argumento legal que respalde esta intromisión anticipada, ya que el Tribunal Electoral aún no ha emitido un fallo. “El proceso de impugnación contra Manuel Alonso Cerezo continúa en análisis, por lo que su grupo político carece de legitimidad para actuar en funciones públicas”, señaló Molina Gómez.
Concluyó afirmando que la responsabilidad recae directamente sobre Juan Martínez Flores, quien, como autoridad en funciones, está obligado a garantizar el cumplimiento de la ley y a impedir cualquier intromisión externa antes del cambio oficial de gobierno, pero qué se puede esperar de alguien que también ha burlado la ley durante su mandato.
