Alejandro Aguilar
El Buen Tono
Córdoba.- Un usuario del transporte público en Córdoba denunció haber sido agredido verbalmente y amenazado por un conductor de la línea “8 de Marzo”, tras negarse a pagar los 12 pesos que exige la empresa; una tarifa que, a la fecha, carece de autorización oficial.
El incidente ocurrió en la ruta Aguilar-Filtros y fue detallado en un oficio dirigido al delegado regional de Transporte.
El afectado relató: “El individuo se negaba a dejarme descender de la unidad […], comenzó a insultarme y a lanzar amenazas de que no me iba a dejar subir a su unidad, y sin importarle que había algunas damas presentes empezó a realizar señas ofensivas con los dedos”. La queja formal subraya que la empresa “8 de Marzo” es propiedad del legislador Juan Tress Zilli, quien preside la Comisión de Transporte en el Congreso local.
Esta dualidad ha generado indignación, pues el llamado “diputado transportista” pone el mal ejemplo: actúa como juez y parte en el Poder Legislativo, mientras en las calles sus unidades operan fuera de la legalidad.
Si realmente le preocupara el bienestar social, estaría impulsando subsidios al combustible para mantener la tarifa oficial, en lugar de solapar que sus empleados humillen y amenacen a los ciudadanos que defienden su derecho a pagar lo justo.
El ciudadano denunciante recordó que ha presentado múltiples escritos ante tres delegados distintos sin éxito: “Todos han prometido iniciar acciones (operativos) que nunca llevan a cabo o los llevan a cabo en contubernio con los empresarios transportistas”.
Este conflicto escala en el marco de la próxima visita del director estatal de Transporte a Córdoba, gestionada tras las movilizaciones del Movimiento Antorchista. Exigen que las promesas dejen de ser letra muerta y se castigue la impunidad que hoy permite el abuso contra el bolsillo del pueblo.
