Efraín Hernández
EL BUEN TONO
Regional.- Las administraciones de Gerardo Rosales Victoria en Fortín, Juan Martínez Flores en Córdoba y Luis Arturo Figueroa Vargas en Amatlán terminan convertidas en el ejemplo más evidente del colapso institucional: Gobiernos prepotentes, descaradamente corruptos, ineficientes y responsables de incurrir en violencia institucional, delito previsto en el artículo 365 del Código Penal de Veracruz por negarle a la población servicios básicos que son un derecho humano. Así lo expone Manuel Molina Gómez, presidente del Centro de Investigación, Difusión e Implementación sobre Asociaciones Civiles (CIDIAC).
El representante de CIDIAC sostuvo que estos tres ayuntamientos ignoraron por completo la Ley Orgánica del Municipio Libre, cuyo artículo 40 establece comisiones obligatorias para garantizar agua potable, limpia pública, alumbrado y otros servicios fundamentales. En vez de cumplir, los alcaldes hundieron a sus municipios en un abandono absoluto, demostrando que jamás tuvieron intención de respetar la ley.
Durante todo su periodo, Fortín, Córdoba y Amatlán padecieron el mismo patrón: Servicios desplomados, colonias enteras sin agua, basura acumulada, iluminación deficiente y un deterioro urbano generalizado. A ello se suma la soberbia institucional con la que operaron los ediles, quienes cerraron oficinas, ofrecieron excusas repetitivas y permitieron el desorden financiero sin rendición de cuentas.
